Activistas proponen sancionar a autoridades que encubran y den espacio a agresores

Acompañadas de Yndira Sandoval, presentaron una iniciativa complementaria a la "3 de 3 contra la violencia"

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 14 de abril de 2025

Activistas de diferentes colectivas feministas en Tlaxcala presentaron este lunes una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública con el propósito de hacer efectiva la reforma constitucional conocida como "3 de 3 contra la violencia" mediante la cual pretenden evitar que personas agresoras sexuales, deudoras alimentarias y violentadoras ocupen cargos públicos ya sea por voto popular o por designación.

    En el Congreso del Estado, Yndira Sandoval acompañó la entrega del documento dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva, diputada Reyna Flor Báez Lozano, indicó que no hay suficiente confianza en la LXV Legislatura toda vez que la reforma constitucional local debió presentarse en dos ocasiones antes de ser aprobada. No obstante, exhortó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a presentarla con carácter de urgente y a garantizar su cumplimiento al no admitir a ningún agresor en cualquier nivel de la administración pública, ni siquiera a quienes fueron designados antes de que entrara en vigor.

    "A los diputados y diputadas de esta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y a los 60 municipios del estado de Tlaxcala, queremos esto en la ley y no vamos a solapar a ningún agresor al poder esté en el área de gobierno en la que esté, para que se enteren una vez que lo mismo del menor escalafón de poder hasta el más alto tiene que cumplir la ley", enfatizó.

    Sandoval precisó que, mediante esta iniciativa, las instituciones o autoridades que designen a quienes caen en alguno de los tres supuestos también deberán ser sancionados, también aquéllas que ayuden a saltar los filtros como ha ocurrido en materia electoral, y en el caso de los servidores públicos que incumplan con el pago de alimentos tendrán que demostrar periódicamente que han cumplido con esta obligación.

    Señaló que el tema de la violencia contra las mujeres y las infancias ha estado fuera de la agenda partidista y por tanto legislativa, lo que es muestra del pacto patriarcal al interior de las instituciones que se traduce en impunidad para las víctimas; ya que han sido electos y designados para ejercer cargos públicos, aunque sus conductas infrinjan la ley que exige para la ciudadanía mexicana un modo honesto de vivir en el artículo 34 de la Constitución federal.

    También refirió que desde 1917 no se había modificado el artículo 38 constitucional que establece en qué supuestos se cancelan los derechos políticos de la ciudadanía mexicana y el cual no contempla la comisión de actos de violencia contra las mujeres que no se termina de reconocer como delito, pese a los avances en términos legislativos.

    "Quiero hablar de las contribuciones que tiene la 3 de 3 contra la violencia a la humanidad, a la democracia, al sistema político, porque ahora ya no solamente tenemos que hablar del 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres, sino qué hombres y qué mujeres, porque todo mundo tiene que ser sometido a otro tamiz. Se tienen que elevar los rangos y los estándares en los que se mire actualmente la ética política, la responsabilidad pública e institucional", puntualizó la activista. 

    Por esta razón, pretenden que esta reforma complementaria de la "3 de 3 contra la violencia" también pretende que los 60 municipios del estado armonicen sus bandos de policía y gobierno a fin de cerrar las puertas a los violentadores; por lo que luego de presentar la iniciativa ante el Congreso se dirigieron al ayuntamiento de Tlaxcala para hacer una solicitud al alcalde Alfonso Sánchez García para adecuar dicho ordenamiento dado el reciente caso del primer regidor del ayuntamiento capitalino, quien fue vinculado a proceso por violentar a su esposa e hijos.

    A propósito, indicó que, de darse esta reforma, el municipio de Tlaxcala se convertiría en el séptimo a nivel nacional de armonizar su bando de policía y gobierno; lo que es muestra del gran pendiente que existe en el tema, pues en el país hay 2 mil 458 municipios y 16 alcaldías.

    Yndira Sandoval agregó que el proyecto pretende que la reforma constitucional no quede en letra muerta, sino que se asignen presupuestos, personal y áreas específicas que vigilen que ningún agresor tenga cabida en los tres poderes, ayuntamientos y órganos autónomos.

 

    "Se han estado protegiendo los fiscales a los ministerios públicos, los ministerios públicos a los fiscales y así los jueces y así los magistrados, así los ministros. Se han protegido entre ellos históricamente y es importante aclarar que la 3 de 3 contra la violencia no lleva dedicatoria, pero sí tiene destinatarios. No se hizo para alguien en particular, pero no nos importa el color, el cargo, el tipo de espacio que ejercieran"

    En uso de la voz, la diputada Blanca Águila Lima se comprometió a que el grupo parlamentario que representa (Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala) respaldará y promoverá esta reforma presentada por la sociedad civil que tiene como propósito garantizar la protección del Estado a mujeres, niñas y niños.

    Agregó que ella misma ha presentado una iniciativa de reforma a fin de hacer obligatorio que todos los servidores públicos reciban capacitación en perspectiva de género para cumplir con el desempeño de funciones.

    En el mismo sentido, la perredista Laura Yamili Flores Lozano indicó que esta propuesta tiene como propósito luchar por una nueva realidad y llamó a las regidoras de todo el estado a presentarla al seno de sus cabildos para que los bandos de policía y gobierno sean adecuadas para asegurar que ningún agresor ocupe cargos en las administraciones municipales.