El diputado subrayó que la protección de datos y el acceso a la información no desaparecen, sino que se trasladan a la Secretaría de la Función Pública
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 2 de marzo de 2025
Una vez que inicie el traslado de funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Congreso deerminará si es necesario realizar más reformas a la legislación a fin de garantizar los derechos a saber y a la privacidad, comentó en entrevista el diputado David Martínez del Razo.
"Se está trabajando la general, ya se trabaja el transitorio y se tiene que ir mejorando, pero eso ya será durante el camino en la transición", explicó el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXV Legislatura.
Agregó que esta reforma es una realidad, por lo que el Congreso trabaja de manera coordinada con el IAIP -en su calidad de integrantes del Comité Administrativo- para que se concrete esa migración al escuchar las peticiones tanto de quienes forman parte del Instituto como de los sujetos obligados y de la misma población.
De modo que si bien ya hay una reforma general que sienta las bases para este cambio, será una vez que inicie la transición cuando puedan identificar qué mejorar o modificar para que no se dejen de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado de Tlaxcala.
"Es un compromiso que hemos hecho con los comisionados de que si vamos a esta transición, no debe quedar ningún pendiente para que esto se pueda hacer con un cierre formal y en próximos meses hacer la entrega del Instituto", explicó el diputado Martínez del Razo.
Finalmente, enfatizó que "la transparencia se transforma, no desaparece", por lo que dejó claro a la ciudadanía que con la desaparición del Instituto ya no habrá mecanismos para solicitar información a los entes públicos que ejercen actos de autoridad y gestionan recursos del erario; sino que ahora será un órgano de la Secretaría de la Función Pública el que tenga a su cargo esa responsabilidad, además de dar seguimiento a los recursos de revisión, calificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y en su caso imponer sanciones por faltar a la rendición de cuentas.
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