Falta legislar para garantizar derechos político electorales de personas en prisión preventiva: CNDH

•  Durante las votaciones de 2024, participaron 228 personas en prisión preventiva; 30 de ellas pertenecen a grupos prioritarios

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 1 de enero de 2025

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en Tlaxcala hace falta legislar para garantizar plenamente los derechos político electorales de personas en prisión preventiva, tras la observación que realizaron en los tres Centros de Reinserción Social (CERESOS) de la entidad durante las jornadas de votación de 2024.

    En su informe especial en seguimiento al voto en prisión preventiva que por primera vez tuvo lugar en el país resultado de las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a que las personas privadas de su libertad que no han recibido una sentencia condenatoria o de libertad tienen a salvo sus derechos político electorales conforme lo establecen las leyes mexicanas. 

    En los CERESOS varonil de Tlaxcala, así como varonil y femenil de Apizaco, participaron para la elección de autoridades federales un total de 228 personas en prisión preventiva, de las cuales 15 fueron mujeres y 213 fueron hombres. La cifra total representó 90 por ciento del total que se encuentran bajo esta calidad en los centros penitenciarios. 

   La CNDH indica en el Informe Especial que de las 228 personas que emitieron su voto, 30 pertenecen a grupos de atención prioritaria: tres hombres indígenas en el CERESO de Tlaxcala; 12 personas con alguna discapacidad (tres con discapacidad motriz, tres con discapacidad psicosocial, tres más de tipo visual y tres más, auditiva).

    También cinco personas adultas mayores en los CERESOS varoniles de Tlaxcala y Apizaco; nueve con alguna enfermedad crónico degenerativa (cuatro mujeres y cinco hombres), y una mujer transgénero.

    La Comisión destacó entre las acciones afirmativas para permitir el proceso de votación en los tres centros, el hecho de que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) brindara atención personalizada a personas con discapacidad para facilitar su voto, el que se acercara la casilla a personas con dificultades motrices.

    No obstante, encontró que hay aspectos de mejora para próximos procesos de votación en prisión preventiva como perfeccionar la difusión electoral al interior de los centros penitenciarios para que las personas cuenten con información suficiente para emitir su voto; legislar para garantizar sus derechos político-electorales a plenitud; y fomentar la observación electoral, toda vez que en esta ocasión participaron 24 personas acreditadas por el INE.