Desaparece Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Blanca Águila señala opacidad

•  Avalan reforma federal sobre igualdad sustantiva

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 12 de noviembre de 2024

Con 22 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado avaló la desaparición del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado (ITDEP) a fin de solventar la Secretaría de Mujer que entrará en funciones a partir del 1 de enero de 2025; el acto se llevó a cabo con señalamientos de opacidad y corrupción por parte de la diputada Blanca Águila Lima.

    En la lectura de la iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez indicó que este cambio será importante en el proceso de modernización de la administración pública, especialmente en lo que se refiere a la atención de las mujeres mediante la Secretaría que requerirá de recursos económicos, materiales y humanos para su funcionamiento.

    Con la extinción del ITDEP, el Legislativo determinó que funcionará hasta el 31 de diciembre de este año y posteriormente sus atribuciones pasarán a la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) según el ámbito de su competencia; mientras que los recursos pasarán a formar parte del Poder Ejecutivo que tendrá a su cargo el asegurar los derechos laborales del personal que labora en la institución.

    Si bien indicó que respaldaría el dictamen a fin de que los recursos sustenten a la Secretaría de la Mujer, la diputada Águila Lima afirmó que la extinción del Instituto que fue creado el 14 de febrero de 2023 es una muestra de que el actual gobierno estatal se conduce con ocurrencias; puesto que ya en su momento ella y el exlegislador Juan Manuel Cambrón Soria señalaron diversas inconsistencias en la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados Decomisados y Extinción de Dominio que dio paso a la creación del instituto; mismas que más tarde fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó algunos de sus artículos porque invadía competencias federales y replicaba el contenido de la norma general en la materia.

    Agregó que no hay una línea clara en el actual gobierno estatal y la desaparición del Instituto es un momento propicio para cuestionar los recursos públicos que ejerció mientras estuvo a cargo de Miguel Ángel Sánchez Ramírez; puesto que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no da cuenta de los detalles de su funcionamiento, metas, objetivos, acciones que pudo haber realizado desde su creación.

    No obstante, la PNT sí da cuenta de que en 2024 "se asignaron 15 millones 098 mil 843 pesos, de los cuales, casi nueve millones fueron para servicios personales en donde se incluye la nómina de tan solo 38 personas; un millón 516 mil pesos para materiales y suministros; un millón 200 mil para servicios generales; y un millón 300 mil para bienes muebles, inmuebles e intangibles".

    En consecuencia, pidió aclarar qué pasó con los bienes incautados y qué pasará ahora que se abroga la ley lo regulaba, ya que el dictamen no considera una propuesta previa, basada en un análisis profundo sobre la reestructuración de la administración pública estatal y eso deja la puerta abierta tanto a la opacidad como a la corrupción. "Esta decisión no solo refleja una falta de planeación y visión a largo plazo, sino que además parece diseñada para encubrir la ineficiencia y el posible mal uso de recursos".

Legisladores avalan reforma federal sobre igualdad sustantiva

En la misma sesión, el pleno respaldó la minuta del Congreso de la Unión por la que se reforman diversos artículos de la Constitución federal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto en materia laboral, como el acceso a sus derechos humanos, especialmente en la garantía de una vida libre de violencia y discriminación de todo tipo.

    De esta manera, establecen la obligación del Estado para reforzar la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños; la implementación de la perspectiva de género en tareas de seguridad pública y en el acceso de la administración pública, procuración y administración de justicia; también deberán tomar acciones para reducir la brecha salarial, garantizar el acceso paritario a la administración pública e iguales condiciones laborales tanto en el sector público como en el privado.

    A propósito, la legisladora María Aurora Villeda Temoltzin afirmó que esta reforma representa un golpe a la estructura que limita a las mujeres del país al reconocer la violencia y discriminación que envuelven diferentes ámbitos; por lo que el Legislativo local debe asumir el compromiso de asegurar no solo la modificación, sino de asegurar que los postulados sean aplicados.

    Mientras que la diputada Madaí Pérez Carrillo destacó que a través de este cambio se remueven los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos al asegurar igualdad de oportunidades, reducción de las brechas en el empleo y coloca las bases para la formulación de políticas públicas, programas y presupuestos con perspectiva de género.

    Aunque la perredista Laura Yamili Flores Lozano se pronunció a favor de la propuesta y recalcó que ha habido avances importantes en materia de derechos de las mujeres; pero existen importantes pendientes en materia de seguridad y acceso a la justicia para este sector que a pesar de los años no encuentran garantías para una vida libre de violencia. De modo que confió en que esta reforma no quede en un acto más de demagogia y más bien se traduzca en una realidad para todas.

    Por último, la congresista Sandra Guadalupe Aguilar Vega externó que éste es un avance para que tanto mujeres como hombres puedan participar de manera equitativa en los procesos de toma de decisiones en el país.