Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 23 de octubre de 2024) Activistas y organizaciones de la sociedad civil reunieron 15 mil firmas que esta mañana entregaron a la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, para demandar la liberación de Keren Selsy Ordóñez Hernández, quien se encuentra presa desde hace nueve años por un secuestro en el que no estuvo involucrada.
Por ello, reiteraron, a través de las firmas recabadas en la plataforma Change.org, el llamado al Poder Judicial de Tlaxcala para juzgar este caso con perspectiva de género, para considerar todas las pruebas presentadas por la defensa y excluya aquellas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, toda vez que fueron obtenidas mediante tortura.
"El 11 de diciembre de 2015, Keren, de 19 años, acudió a una casa ubicada en Xalapa, Veracruz, donde estaba trabajando su entonces pareja y padre de su recién nacida hija, quien la citó en dicho domicilio para darle dinero para comprar pañales. Keren tenía a su bebé en brazos cuando fue detenida por agentes armados que sin mostrarle una orden de aprehensión ni explicarle el motivo de la detención, le apuntaron con armas y la subieron de forma violenta a una patrulla, quitándole a su bebé desde ese momento", detalló en un comunicado el Centro Prodh.
De modo que, con apenas 30 días de haber dado a luz a su bebé, los policías federales y policías ministeriales de Tlaxcala la golpearon en la cabeza y el vientre; además que en el trayecto la amenazaron con hacerle daño a su hija si no firmaba una declaración en la que se autoinculpaba por participar en un secuestro.
El Centro Prodh y el Colectivo Mujer Utopía informaron que el pasado 27 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en el proceso de Keren, donde ella pidió que se consideren las violaciones a sus derechos humanos, así como la fabricación de pruebas en su contra, todo con la ausencia de su asesor público, quien durante estos nueve años no ha comparecido en diligencias, ni para ratificar su denuncia. No obstante, la agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó otorgar la pena máxima, de 50 a 90 años para esta mujer de origen veracruzano.
Además de pedir que se clasifique como de "grado máximo de temibilidad" pese a que no cuenta con "ningún tipo de antecedente penal, de tratarse de una mujer joven, madre, sin estudios, a pesar de no existir pruebas que la vinculen directa o indirectamente con la participación del secuestro".
Las organizaciones de la sociedad civil destacaron que en el secuestro participaron al menos siete personas y de las grabaciones de voces se reconoce que todas son masculinas, según muestran las pruebas periciales.
“Su libertad ha sido arrebatada por un sistema de justicia que no ha querido escuchar los reclamos de justicia que durante todo este tiempo Keren y su familia han mantenido firmes”, expresó Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh que acompaña el caso, en un pronunciamiento afuera del Tribunal.
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