Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de octubre de 2024) Organizaciones de la sociedad civil indicaron que las acciones emprendidas por las autoridades tanto federales como estatales no han tenido impacto significativo en el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, sino que ha sido consecuencia de las lluvias de los últimos meses; por lo que pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por qué han dado por cumplida algunas partes de la Recomendación 10/2017.
Al concluir el foro "Cuenca del Alto Atoyac, voces comunitarias sobre la devastación socioambiental, hallazgos de los proyectos de investigación e incidencia de Conahcyt y propuestas para avanzar hacia el saneamiento integral", integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés recordaron que fueron los promotores de la queja que -tras seis años- derivó en la recomendación antes mencionada en la que se reconoce el vínculo entre la contaminación, la falta de saneamiento de la cuenca y la existencia de enfermedades crónicas degenerativas.
A siete años de la Recomendación, señalaron que gracias a la investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), en la cuenca hay "metales pesados y químicos tóxicos como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, compuestos orgánicos volátiles (tolueno, dibromoclorometano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metilo, fenoles, compuestos de benceno y xilenos), nitritos, nitratos, fosfatos y sólidos suspendidos, entre otros.
Presencia de nitrógeno debido al uso excesivo de fertilizantes, detergentes y procesos de descargas industriales que no se encuentran regulados por ninguna norma mexicana", ya que actualmente es insuficiente para los niveles de contaminación, ya que solo cuenta con 22 parámetros y 81 sustancias no están sujeta a normas ambientales.
De igual forma, el trabajo realizado entre 2012 y 2022 por los investigadores Inés Navarro y Omar Arellano de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muestras que las acciones de saneamiento de los gobiernos no han tenido impactos significativos en la cuenca ni en los efectos a la salud de las personas.
"Esto quiere decir que las inversiones millonarias hechas por los gobiernos en plantas de tratamiento y otras infraestructuras para el saneamiento no reflejan resultados ni siquiera en los monitoreos realizados por el mismo gobierno federal a través de la Conagua. [...] Esto muestra el riesgo de sufrir afectaciones a nuestra salud por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la contaminación industrial, al que las y los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac estamos expuestos de manera constante", detallaron.
Por ello, calificaron de "indignante" que la CNDH diera por cumplidas las recomendaciones a instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya que únicamente realizaron actividades administrativas y en consecuencia el problema se ha agudizado; por lo que reinciden en la violación de derechos humanos.
"Por otra parte, vemos luces de esperanza en el anuncio que ha hecho la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dentro de sus 100 prioridades, señaló que se limpiarán los tres ríos más contaminados de México 'el Lerma Santiago, el Tula y el Atoyac'".
Sin embargo, indicaron que para avanzar en torno a este tema es necesario que participen las comunidades afectadas en el análisis y diseño de acciones, así como organizaciones y academia; además de establecer acciones de restricción y control permanente de contaminantes que pueden afectar la salud de la población; y prohibir a los municipios otorgar permisos de descarga al drenaje municipal distintos al uso doméstico.
En consecuencia, la Coordinadora y el Centro exigieron a las nuevas autoridades en los tres niveles de gobierno reconocer el problema y realizar acciones integrales para su restauración y atención a los impactos en la salud de las personas; controlar la emisión de tóxicos en lugar de privilegiar la construcción de plantas de tratamiento de agua porque no servirán si las empresas vierten sustancia tóxicas; explicar la propuesta de limpieza e iniciar diálogo con comunidades afectadas.
Mientras que a la CNDH le piden explicar porqué dio por cumplida la recomendación específica a la SEMARNAT, PROFEPA, COFEPRIS; y al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito judicial correspondiente al estado de Tlaxcala, del Poder Judicial de la Federación, exigimos la libertad inmediata del Señor Saúl Rosales Meléndez, preso político por razones ambientales.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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