Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de septiembre de 2024) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 de 18 municipios de Tlaxcala por cobros relacionados con el derecho de acceso a la información pública y llamó al Congreso del Estado a evitar incurrir en vicios de inconstitucionalidad que también pudieran generar violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió, por tercer año consecutivo, acciones de inconstitucionalidad en contra de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal en justo al argumentar que hubo violación al derecho de acceso a la información pública, a la gratuidad de este derecho y al principio de proporcionalidad tributaria.
De modo que el pleno de la Corte determinó que el sobro por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no guarda una relación razonable con el costo de materiales necesarios para la prestación del servicio.
Además, establecieron cobros por la expedición de certificaciones relacionadas con el acceso a la información pública, situación que viola éste derecho y la gratuidad ue lo rige; toda vez que no se justificaron las tarifas de acuerdo con el valor de los insumos para proporcionar la información; "aunado a ello, la certificación de documentos no genera un costo adicional para los municipios".
En ambos supuestos incurrieron los ayuntamientos de Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Quilehtla, Terrenate, Tenancingo, Acuamanala, Mazatecochco, Apetatitlán, Benito Juárez, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, San Jerónimo Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Totolac.
La validación del Congreso de mencionadas leyes de ingresos municipales derivó en que éstos establecieran un cobro equivalente a 0.22 unidades de medida y actualización por cada hoja certificada, ya fuera tamaño carta u oficio, lo que equivale a 22.82 pesos por documentos no relacionados con acceso a la información pública; así como una UMA (103.74 pesos) por certificaciones relacionadas con solicitudes de acceso a la información.
Ya en 2022 y 2023, la CNDH promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de ingresos de los municipios en Tlaxcala, mismas que la Suprema Corte determinó invalidar por contravenir principios constitucionales. Por lo que respecta a 2024, éstas fueron validadas por la Comisión de Finanzas y Fiscalización que en ese momento presidía el diputado Jaciel González Herrera, quien resultó electo para la LXV Legislatura.
Al respecto, el órgano autónomo indicó: "Sin embargo, con la expedición de los dispositivos controvertidos se patentiza que el Congreso de Tlaxcala continúa incurriendo en el mismo vicio de inconstitucionalidad, en franca transgresión al derecho fundamental de acceso a la información pública"; por lo que pidió vincular al Legislativo para que se abstenga de expedir normas con los mismos vicios.
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