Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 25 de septiembre de 2024) Con el señalamiento de las diputadas de partidos de oposición sobre que la reforma federal en materia de Guardia Nacional implica militarizar la seguridad pública y fomentar el autoritarismo en México, ya que no fortalece las capacidades de las instituciones civiles, estatales y municipales de seguridad pública; la tarde de este miércoles, la LXV Legislatura aprobó con 18 votos a favor y tres en contra, la minuta del Congreso de la Unión por la que el mando de dicha institución queda supeditado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
Apenas unas horas después de que el Senado de la República avalara la reforma a 12 artículos a la Constitución federal en esta materia, el Congreso de Tlaxcala votó la minuta que fue respaldada por la mayoría de legisladores oficialistas, a pocos días de que concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al anunciar su voto en contra, la panista Miriam Martínez Sánchez lamentó el doble discursos de los morenistas al abordar con premura esta reforma federal que más bien requería de un análisis profundo y señaló que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana al echar atrás el carácter civilista de las corporaciones encargadas de la seguridad pública. En este sentido, puntualizó que las Fuerzas Armadas fueron creadas para tareas de seguridad nacional, por lo que pasarlas a tareas de seguridad pública pone en riesgo las garantías individuales dados los antecedentes en violaciones sistemáticas a derechos civiles, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Por su parte, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega (MC) señaló que esta reforma profundiza la militarización y conserva una estrategia fallida en materia de seguridad pública que solo ha propiciado más inseguridad y violencia. Además, enfatizó que las acciones en la materia deben partir desde las instituciones locales de seguridad que deben tener a su cargo la formación, capacitación y adiestramiento de los policías municipales.
Mientras que la legisladora perredista Laura Yamili Flores Lozano afirmó que esta reforma denigra al Ejército al asignarle funciones distintas a las que le son naturales y sin que a la fecha reflejen resultados en la disminución del crimen organizado en distintas partes del país, ya que trabajan en complacencia con grupos delincuenciales. Asimismo, indicó que esta decisión merma las instituciones civiles al concentrar actividades de diversa índole en manos de la SEDENA, situación que afecta los ingresos al sistema civil de pensiones.
Por ello, pidió a sus compañeros de legislatura no dar regalos a la "egolatría y soberbia" con una reforma que atenta contra los valores democráticos, fomenta la tolerancia, la visión única de un partido y tiene aires de represión a la disidencia, diversidad de ideas y opiniones.
En defensa de la minuta, subieron Maribel León Cruz (PVEM), Bladimir Zainos Flores (NAT) y Silvano Garay Ulloa (PT), quienes argumentaron que el Ejército goza de confianza en la población sobre las instituciones locales y esta reforma busca dotar de todos los elementos para regular su actuar y pacificar al país; de modo que la Guardia Nacional bajo el mando de la SEDENA coadyuvará al efectivo funcionamiento de las instituciones y a forjar elementos especializados en una corporación con experiencia.
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