Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 10 de septiembre de 2024) Legisladoras de oposición externaron durante la sesión ordinaria de este martes su rechazo a la reforma al Poder Judicial que se discute en el Senado de la República, pues argumentaron que lejos de responder a las necesidades de impartición de justicia en el país, busca debilitar a la institución y someterla al Poder Ejecutivo.
La diputada independiente Blanca Águila Lima aseveró que la propuesta es una medida antidemocrática con un alto ingrediente de venganza que no tiene como propósito garantizar un sistema de justicia a la altura de las circunstancias del país, pues si bien reconoció que es necesario fortalecer a esta institución para que genere confianza en la ciudadanía y anteponga los intereses de ella sobre los personales.
"No seamos ingenuos ante la posibilidad de convertir al Poder Judicial, en un poder al servicio de quienes atentan contra la justicia y la paz de nuestras familias. Si el propósito de la reforma al Poder Judicial fuera construir un sistema de justicia sólido y a la altura de las necesidades del país, seguramente estaríamos hablando del fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, policías con niveles óptimos de actuación, de una verdadera estrategia de prevención de violencia y delincuencia, fiscalías con verdadera autonomía y en la búsqueda permanente de mejora continua, ministerios públicos y cuerpos forenses con las suficientes herramientas para el desempeño de sus funciones y marcos jurídicos que faciliten su actuación, fortalecimiento de medios alternativos para resolver conflictos, optimización del sistema penitenciario; sin embargo, estamos en la dinámica de la discusión de la imposición y el mayoriteo".
Por ello, cuestionó que la elección de jueces, magistrados y ministros sea la vía idónea para hacerlo posible, ya que significa un riesgo de injerencia por parte de grupos delincuenciales. En consecuencia, afirmó que su aprobación implicaría que el partido mayoritario y sus aliados oculten que utilizarán al electorado para legitimar esta decisión presidencia, ya que corresponde tanto al Ejecutivo como al Legislativo proponer a la mayor parte de los candidatos a los cargos.
En tanto que la legisladora perredista Laura Yamili Flores Lozano coincidió que el Poder Judicial requiere una reforma que garantice una justicia pronta y expedita, pero señaló que la propuesta de López Obrador y la amplia mayoría de los partidos que le son afines en Congreso de la Unión han generado una crisis constitucional, ya que atenta contra el equilibrio de poderes como forma de gobierno.
No obstante, puntualizó que el problema es que buscan supeditar la impartición de justicia al control político del Poder Ejecutivo tanto a través de la elección de juzgadores y la creación de un Tribunal que supla al Consejo de la Judicatura; por lo que más bien se debe buscar un mecanismo de designación que asegure su independencia y que no queden bajo intereses políticos de partidos políticos o pongan al país en el camino de la dictadura.
Mientras que la congresista Miriam Martínez Sánchez, de Acción Nacional, afirmó que históricamente el partido que representa ha defendido la independencia del Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho y que en esta ocasión busca ponerlo bajo el control del Ejecutivo; porque cualquier cambio debe garantizar su autonomía sin mermar su capacidad de actuación o someterlo a decisiones políticas.
Agregó que los cambios deben ir en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pero siempre para fortalecer la confianza y la justicia; toda vez que la reforma propuesta no garantiza tener a los mejores juzgadores, sino que abre la posibilidad que otros sean los intereses que influyan como es el caso del crimen organizado.
En consecuencia, las tres llamaron a los legisladores de sus respectivos partidos, a todos los que conforman la oposición e incluso a los mayoritarios para que rechacen el dictamen que se encuentra en discusión en el Senado de la República.
Finalmente, a favor de la reforma, el diputado Bladimir Zainos Flores (NAT), reconoció que el Poder Judicial tiene un papel fundamental en la construcción de un Estado democrático a través de la impartición de justicia, pero enfrenta desafíos que demandan cambios estructurales porque los juzgados locales tienen procesos largos, tardados y tortuosos con grandes cantidades de papel; por lo que están lejos de cumplir con su labor.
Aseguró que la reforma busca hacer más equitativa y accesible el acceso a la justicia más allá de las condiciones de las personas basada en principios de certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; a fin de que cada uno de los reclamos encuentren cauce en las instituciones del Estado; además de combatir la corrupción en sus diferentes manifestaciones. Por ello, consideró que no se debilitará al Poder Judicial y más restituirá la confianza ciudadana al acabar con abusos y excesos.
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