Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 11 de septiembre de 2024) Con 21 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso de Tlaxcala avaló la minuta de reforma a la Constitución federal en materia de Poder Judicial que prevé la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular; crea un órgano administrativo y un tribunal de justicia que suplen las funciones del Consejo de la Judicatura Federal; y desaparece la figura de amparo por inconstitucionalidad con efectos generales.
Apenas unas horas después de que el Senado de la República aprobara el dictamen que reforma la Constitución, el Legislativo de la entidad fue notificado vía correo electrónico y aprobó con mayoría de votos la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a unos meses de concluir su sexenio.
Previamente, medios de comunicación dieron cuenta de que los congresos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Baja California, Morelos y Durango.
El dictamen establece en sus transitorios que el proceso electoral extraordinario de juzgadores federales iniciará una vez que entre en vigor el decreto, puesto que todas y todos quienes resulten electos deberán ocupar los cargos a partir del 10 de septiembre de 2025.
En contra del documento votaron las legisladoras Laura Yamili Flores Lozano (PRD), Miriam Martínez Sánchez (PAN), Sandra Aguilar Vega (MC), y la diputada independiente Blanca Águila Lima, quien lamentó la complacencia sin límites con las que los congresos avalaron lo que llamó "venganza" de una sola persona y que propiciará que poderes fácticos, especialmente el crimen organizado, y el propio Ejecutivo subordinen al Poder Judicial.
De la misma forma, señaló que el hecho de que amparos concedidos por acciones de inconstitucionalidad ya no vayan a ser aplicables de manera general, afectará a grupos afectados por una ley y burocratizará los procesos.
Por su parte, Sandra Aguilar señaló que este 11 de septiembre será recordado como un día negro para la impartición de justicia que no busca mejorar al Poder Judicial, sino someterlo; además de haberlo hecho a base de injusticias y malas prácticas del antiguo régimen como la coacción contra uno de los senadores de Movimiento Ciudadano.
En tanto que Miriam Martínez recalcó que esta reforma fast track atenta contra el Estado de Derecho y someterá a quienes la avalaron al juicio de la historia; toda vez que deja al Poder Judicial en manos políticas que pueden atentar contra los derechos de las víctimas.
A favor de la reforma se pronunciaron Silvano Garay Ulloa (PT), Aurora Villeda Temoltzin (RSP) y Ever Alejandro Campech Avelar (Morena), quienes argumentaron que la reforma busca acabar con privilegios, clientelismo y corrupción; así como lograr un sistema de justicia más eficiente.
No obstante, el argumento fue cuestionado por activistas presentes en la Sala de Plenos, quienes enfatizaron que el problema no solo radica en el Poder Judicial, sino en las fiscalías y ministerios públicos; y cuestionaron que algunos de los mismos integrantes de la LXV Legislatura mantuvieran a Ernestina Carro Roldán como fiscal, pese a los resultados como procuradora.
Las expresiones del público fueron reiteradamente acalladas por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien amagó con hacerlas desalojar el lugar si no guardaban silencio.
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