Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 17 de septiembre de 2024) El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca (MORENA) presentó la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Justicia Cívica para le entidad; la cual busca establecer mecanismos de resolución de conflictos resultados de la convivencia diaria, así como establecer principios mínimos de civilidad.
El documento, determina y coordina las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que las personas puedan dirimir conflictos a través de mecanismos diversos a los jurisdiccionales y garantizar que esta posibilidad esté disponible en cada una de las comunidades de Tlaxcala.
Asimismo, establece que los lugares donde se puede cometer una infracción que sea atendida mediante este modelo son espacios públicos o de libre tránsito; inmuebles públicos o privados de acceso público o destinados a servicios públicos; espacios y vehículos destinados al transporte público; inmuebles y muebles particulares cuando las conductas de sus ocupantes tengan efectos en otras personas; y zonas de uso común.
Para la implementación de la ley que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, los municipios deberán contar con juzgados cívicos integrados por personas: juzgadoras de justicia cívica que será designada tras un examen de ingreso al ayuntamiento; facilitadoras, secretarias, defensoras públicas, médicas, personal policial y personal auxiliar.
Además, los juzgados deberán contar con espacios para sala de audiencias, sección para personas citadas o presentadas, de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadas, sección de adolescentes, sección médica, área de seguridad y oficinas administrativas.
La actividad estará guiada por la Coordinación Estatal de Justicia Cívica que tendrá un titular designado por la Oficialía Mayor de gobierno; así como por las o los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección de la Defensoría Pública y de Asistencia Social; así como tres personas representantes de la sociedad civil con actividades afines a los objetivos de la ley.
La norma presentada ante el pleno en la sesión ordinaria prevé los procedimientos que deberán llevar a cabo juzgados cívicos, el tipo de sanciones; los procedimientos para presentar a posibles infractores, para presentar quejas, para mediación y conciliación.
De igual forma establece las conductas sujetas a ser sancionadas que engloba en afectación a la dignidad de las personas, a la convivencia social, al entorno urbano y medio ambiente, a la seguridad y trato digno de los animales, a la seguridad vial y tránsito; e infracciones que afectan la seguridad ciudadana.
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