Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 29 de julio de 2024) Madres de familia, docentes y activistas pidieron que las autoridades educativas coordinen mejor con autoridades municipales, escuelas, padres y madres de familia para tomar acciones que ayuden a prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no solamente en las aulas, sino en los entornos escolares.
Durante el foro "La prevención en los espacios educativos como elemento fundamental en el proceso de erradicación de la trata de mujeres y niñas" al que convocó el Centro Fray Julián Garcés, una mujer levantó la voz para denunciar que una sobrina suya fue interceptada por unas personas que intentaron subirla al auto en el que viajaban y aunque logró escapar, la familia no encontró el apoyo ni en las autoridades municipales ni en educativas no solo para atender el delito que estuvo por cometerse, sino para prevenir que en el trayecto a la escuela más niñas o niños sufran este tipo de incidentes.
Por su parte, otra de las asistentes al foro que se efectuó en la Sala de Usos Múltiples de la Catedral de Tlaxcala manifestó que el personal docente y directivo de las escuelas no reciben suficiente apoyo para hacer frente a la realidad que aquejan a sus estudiantes; hay resistencia al involucramiento de las autoridades a temas diferentes a la transferencia de conocimientos y una negación en todos los niveles sobre la existencia de este fenómeno en el estado.
A nombre de la sociedad civil, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, indicó que la prevención de la trata con fines de explotación sexual va más allá de la transferencia de información y requiere involucrar a los diferentes actores en los entornos educativos, así como de contar con voluntad política para implementar políticas públicas contenidas en el Programa Estatal Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres.
Afirmó que la realidad en torno a este delito muestra hacia dónde se tiene que avanzar desde las instituciones públicas y la sociedad civil para prevenirlo, mas no rechazar su existencia como ha sido una constante del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros al asegurar que estos ilícitos han disminuido en 80 por ciento.
María Fernanda Ruiz Carrillo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explicó que para avanzar en la prevención se requieren acciones en distintos rubros de la administración pública, así como garantizar la atención a las víctimas con albergues especializados; de los cuales sólo existen 13 en el país; mejorar el sistema de justicia y los procesos judiciales; además de lograr cambios de comportamiento en genera e involucrar a toda la población.
"Cada año, desde 2013, se conmemora este día y cada año se tiene un nuevo lema que quiere enfatizar cuáles son aquellas problemáticas que es necesario atender. El de este año es que 'no podemos dejar a ningún niño o niñas atrás'", concluyó.
Mientras que Adriana Carro Olvera, en representación de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), reconoció que es necesario reducir las violencias en todos los ámbitos y promover los aprendizajes comunitarios. No obstante, justificó que desde esta dependencia tiene sus limitaciones al momento de implementar determinados temas porque corresponde a los Consejos Técnicos Escolares hacerlo, pero aseguró que se previene a través de los diferentes contenidos del plan de estudios, campañas y contenido en los libros de texto.
Reconoció que atender este problema requiere que se enlacen los diferentes actores se involucren porque también existe miedo entre el personal docente y directivo por tocar estos temas, especialmente en las comunidades donde viven los tratantes.
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