Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 31 de julio de 2024) Con el propósito de asegurar el acceso al derecho a una buena administración pública y mostrar cómo la corrupción vulnera la dignidad de las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) inició una capacitación a autoridades municipales electas.
Previo al inicio del curso taller "Derechos humanos y prevención de la corrupción", la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer refirió que la ley que rige a la CEDH prevé el fortalecimiento de comunidades e instituciones para promover la integridad y el disfrute de los derechos humanos en plenitud y sin obstáculos
"Este curso taller está dedicado al análisis, al estudio, a la difusión de un derecho humano que va tomando relevancia en nuestro país y en el mundo. Me refiero al derecho humano a la buena administración pública; este derecho lo debemos comprender como aquel que obliga a que las instituciones públicas y las entidades administrativas funcionan como un engranaje, cuasi perfecto cuya centralidad y motor y fin último sea la persona humana", puntualizó.
A nombre del SAET, Sergio Pérez George, secretario ejecutivo, destacó el interés de las próximas autoridades de los 60 ayuntamientos del estado por conocer sobre el andamiaje institucional del que formarán parte como integrantes del Sistema que articula la política pública en materia de combate y prevención de la corrupción.
Agregó que a través de este ejercicio tienen el propósito de ampliar la información "desde la designación de la persona titular del órgano de control interno, el uso de la plataforma digital, la operatividad de los comités de ética, la política de la mejora regulatoria, los mecanismos de participación ciudadana; todas estas responsabilidades que asumirán y de las que deseamos fortalecer sus conocimientos para prevenir cualquier falta administrativa o un posible delito o acto de corrupción".
En su intervención, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SAET, Lucero Romero Mora, recordó que ya hay una política anticorrupción para el estado que ha sido formulada por todas las instituciones participantes del Comité Coordinador y desde el 16 de febrero de este año, también hay un programa de implementación que deberán a conocer titulares de presidencias de comunidad, sindicaturas, regidurías, presidencias de comunidad y todas las personas servidoras públicas que trabajen en un ayuntamiento.
A nombre del Poder Judicial, Violeta Fernández Vázquez, integrante del Consejo de la Judicatura, enfatizó que para vivir en la legalidad es necesario que todas las personas, especialmente en el servicio público, conozcan las normas que rigen el Estado de Derecho, que las apliquen, denuncien, que no sean cómplices de los actos contrarios a la ley y participen activamente.
No obstante, reconoció que esto requiere "que la sociedad confíe en las autoridades y ése es el trabajo que nos toca a todos nosotros. Por lo tanto, todos los servidores públicos tenemos que conocer la normatividad que rige nuestro actuar y así también tenemos que transparentar nuestros actos, debemos poner también en manos de la sociedad las herramientas para poder quejarse, denunciar cuando los servidores públicos no cumplimos con nuestras obligaciones".
Por su parte, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, recordó que este ente del Legislativo está presente en el sistema de combate a la corrupción a través de la revisión y fiscalización de los recursos públicos de todos los entes estatales; así como en la promoción de responsabilidades, observaciones y evaluación de la gestión pública. No obstante, recalcó que ejercicios como la capacitación que tuvo lugar en instalaciones de la CEDH son importantes para prevenir y promover la integridad tanto externa como externa, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
En representación del Ejecutivo y como integrante del Comité Coordinador, Delfina Isabel Maldonado Textle, secretaria de la Función Pública, recordó que el Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover el desarrollo social, económico, educativo, de salud, cultural y político con recursos, patrimonio, facultades y un orden jurídico que deben estar alineados con metas e indicadores; por lo que el control interno es fundamental para garantizar una buena administración pública mediante una evaluación periódica.
Finalmente, el magistrado Elías Cortés Roa, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), recordó que el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas son políticas públicas encaminadas al combate a la corrupción; mientras que el órgano que encabeza tendrá que trabajar de manera cercana con as administraciones municipales para prevenir faltas o en su momento dar seguimiento a posibles responsabilidades.
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