Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de junio de 2024) Organizaciones de la sociedad civil (OSC), encabezadas por el Centro Fray Julián Garcés, urgieron a las autoridades a reconocer la problemática de la Cuenca del Alto Atoyac, y generar políticas tanto para su saneamiento como para garantizar una alimentación sana que a su vez proteja el suelo, el agua y la biodiversidad.
En un comunicado, demandaron que el ordenamiento de la Cuenca se haga de forma integral y con la participación de quienes habitan en ella; fortalecer el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac; garantizar una política agroecológica que garantice el acceso a una alimentación sana sin afectar el entorno.
A los próximos legisladores y alcaldes, pidieron que -en caso de presentar iniciativas en torno al agua- éstas garanticen tanto los derechos humanos como su saneamiento, reconozcan a los Comités Comunitarios del agua; evitar procesos de "urbanización salvaje impulsados por inmobiliarias"; e implementar políticas públicas de prevención, valorización y gestión integral de residuos.
También exigieron la liberación de Saúl Rosales Meléndez, a quien calificaron de preso político por su defensa del bosque y del territorio; cabe recordar que él fue sentenciado a 20 años de prisión por su presunta participación en el linchamiento de un hombre que terminó en su muerte.
Recordaron que la cuenca del Alto Atoyac fue declarada en 2021 por el gobierno federal como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), con la opinión de colectivos y las organizaciones de personas afectadas; con la defensa de los derechos humanos; al impulsar instrumentos de vigilancia y cumplimiento ambiental; la promoción de medidas preventivas y correctivas cuando exista un daño potencial grave; y fomentar la atención oportuna las situaciones de emergencia ambiental.
De igual forma, indicaron que el trabajo de las organizaciones y comunidades lograron la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que vinculó a autoridades estatales en su responsabilidad respecto a esta problemática socioambiental ante la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que no solo ha desembocado en el daño al ambiente, sino a la salud de quienes habitan a lo largo de la cuenca.
El Centro Fray Julián y la organizaciones firmantes reiteraron su rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas que atenta contra la participación comunitaria y abre el paso a la mercantilización de ese elemento; al proceso de urbanización impulsado desde el gobierno federal junto a las administraciones de Puebla uy Tlaxcala.
"A pesar de los intentos de estas instituciones y los gobiernos por ignorar la situación de emergencia sanitaria y ambiental en que vivimos, en el Primer Informe Estratégico publicado por Conahcyt, se integra información que muestra que, en la Cuenca del Alto Atoyac, tenemos tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles mucho mayores a los promedios nacionales, y que esas tasas tan altas son causadas por la exposición a agentes tóxicos y procesos de industrialización de la región, apuntaron.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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