Redacción (Tlaxcala, 30 de junio de 2024) La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, aseveró que ninguna reforma judicial tendrá resultados exitosos si no va de la mano con un presupuesto público adecuado para la impartición de justicia, pues precisó que la situación económica del Poder Judicial de la Federación no se compara con lo se maneja a nivel local, donde a pesar de las grandes reformas, aún se enfrentan muchos pendientes.
Así lo manifestó durante su participación en la Mesa de Análisis sobre la Reforma al Poder Judicial 2024 organizada por el Senado de la República y efectuada en las instalaciones del Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en la que se analizaron tres ejes fundamentales sobre la reforma que está en puerta en el Congreso de la Unión.
Durante su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJE-CJE), consideró que de aprobarse esta iniciativa de reforma que prevé la reestructuración del Poder Judicial Federal y empatarla con el Poder Judicial local, tendrían que habilitar al Pleno del TSJE para que funcione de forma colegiada y no mediante salas, a fin de resolver todos los asuntos jurisdiccionales sometidos a su consideración, pero además, para que continué actuando como órgano de control constitucional, entre otros cambios.
Sin embargo, precisó que, para mejorar la impartición de justicia, no sólo es necesario elegir por el voto ciudadano a los funcionarios judiciales, ni modificar sólo la estructura orgánica, pues hace falta también modificar de manera profunda las condiciones en las que operan los poderes judiciales locales.
Indicó que a nivel estatal se adolece de los elementos indispensables para atender a los justiciables, pues el retraso en la administración de justicia tiene que ver con el reducido número de juzgados y de jueces para atender la demanda en las materias penal, civil, familiar, mercantil y laboral, así como contratar a personal auxiliar en los juzgados, a la par del personal relacionado con la procuración de justicia, Ministerios Públicos y abogados defensores.
“Ninguna reforma judicial tendrá resultados exitosos si no se modifica también el presupuesto público destinado a la impartición de justicia. Y no sólo se trata de incrementar el salario que perciben los trabajadores del Poder Judicial en el nivel local, sino de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida”, sostuvo.
Anel Bañuelos manifestó que en los Poderes Judiciales locales se carece de salas y tecnología para atender la demanda de los sistemas orales, de espacios dignos para desempeñar la tarea de los trabajadores y para atender a los justiciables, pues ha sido precisamente la carencia de juzgados y juzgadores, lo que ha originado la carga de trabajo excesiva, propiciando que el tiempo de respuesta y de resolución se incremente, se limita la eficiencia y la eficacia, además de que se aumenta la desconfianza y el reclamo ciudadano.
Por ello, se pronunció a favor de que en esta reforma se tomen en cuentan estas propuestas por el Congreso del Estado, quien será el responsable y estará a cargo de esta tarea.
Pero también advirtió de algunas complicaciones fiscales para impulsar cambios, como la limitante del tres por ciento para incrementar el capítulo 1000 y que se encuentra establecido en Ley de Disciplina Financiera, lo que evita que se pueda contratar un mayor número de personas para fortalecer áreas como los juzgados y otros donde la carga de trabajo es excesiva.
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