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domingo, 23 de junio de 2024

Con procuradurías municipales, protección a menores se ha duplicado: Enrique Acoltzi

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 23 de junio de 2024) Con las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PMPNNA), se ha duplicado la atención de expedientes de infancias y adolescencias cuyos derechos han sido violentados, informó el magistrado Enrique Acoltzi Conde durante su participación en el Encuentro de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes celebrado en Oaxaca.


    “En 2023, tuvimos seis mil 445 expedientes donde intervienen niñas, niños y adolescentes, donde se les están deduciendo algunos derechos. De ésos, en promedio, en 2021, se estaba atendiendo el 10 por ciento, hablamos de 600 a 700 representaciones. El año pasado, hablamos de entre mil 500 a mil 600 representaciones; se ha duplicado. Gradualmente, vamos a llegar a un punto en que la intervención de las procuradurías municipales va a ser de tal relevancia que cada niña, niño o adolescente va a llegar con una representación coadyuvante en cada expediente judicial que conozca cualquier juzgado en materia civil, familiar o penal”, explicó ante representantes de las mil PMPNNA de todo el país, reunidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia (SNDIF).


    El titular de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) refirió que gracias a la articulación entre estas instituciones con los entes jurisdiccionales y administrativos tendrían que permitir la reducción de la violencia en contra de este sector de la población menor de 15 años, cifra que alcanza 3.9 por ciento, según estimaciones de la UNICEF.


    En la mesa “Representación jurídica de niñas, niños y adolescentes”, en la que participó como ponente junto al procurador federal de protección, Oliver Castañeda Correa; el magistrado destacó que este esfuerzo implicó la coordinación entre los poderes del Estado, ya que además el impulso del Ejecutivo, el Poder Legislativo dotó del marco jurídico para garantizar su funcionamiento, y el Poder Judicial realiza las acciones pertinentes para que estas instancias puedan atender cualquier requerimiento que la autoridad jurisdiccional determine.


    Particularmente, indicó que la creación de las 60 procuradurías municipales de protección de NNA, con sus respectivos equipos psicológicos, jurídicos y de trabajo social, fue posible gracias a la implementación de una política pública respaldada por el actual gobierno estatal a través de la Presidenta Honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar.


    “Con la implementación de las procuradurías se han fortalecido varios aspectos de la dinámica social. Uno de los más importantes es que la cobertura ha sido mayor. En reiteradas ocasiones he mencionado que, al inicio del actual gobierno, cuando fungía como procurador de protección, se tenía una atención promedio de mil 567 intervenciones por año. En el último registro que tenemos, de 2023, podemos decir que se han realizado más de 13 mil intervenciones por parte de los equipos interdisciplinarios que las conforman. Anteriormente, la procuraduría estatal tenía ocho equipos para atender a la población vulnerada, hoy se cuenta con 68 equipos”, precisó el magistrado.


    De modo que esta articulación permite contar con un entramado institucional amplio para la protección de las personas menores de edad mediante una atención directa y de la mano de su red familiar, que es la primera responsable de ellas, a través de procedimientos jurisdiccionales y administrativos eficientes que hagan efectiva la representación coadyuvante.


    Con ello, la carga de trabajo de las procuradurías de protección estatales, de las fiscalías, y de los juzgados de cada entidad se reduce. De ahí la relevancia de su especialización y de avanzar hacia la eficacia en la aplicación de la norma que determina su actuar; en su implementación oficiosa por parte de las y los juzgadores; así como de mantener un seguimiento continuo para articular la labor de procuradurías de protección con los entes judiciales. 


    “El nivel de omisión en atención a NNA vulnerados se ha invertido, mientras en 2021 el nivel de atención era de 11.3 por ciento de los casos de vulneración y se tenía más de 80 por ciento de omisión; hoy -con 60 procuradurías municipales y una procuraduría Estatal de Protección- podemos decir que se está atendiendo más de 80 por ciento de los posibles casos de vulneración de derechos”, concluyó.

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