Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 22 de mayo de 2024) El estado de Tlaxcala avanzó cinco posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2024, respecto a 2023, al pasar de la posición 28 a la 23 en este estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El documento publicado este miércoles, muestra que Tlaxcala se ubicó en una competitividad “media baja” junto a otras 12 entidades federativas; únicamente la Ciudad de México tuvo una medición “muy alta”; Baja California, Coahuila y Nuevo León estuvieron en la escala “muy alta”; 12 entidades más fueron clasificadas con competitividad “media alta”; Michoacán, Chiapas y Guerrero están clasificadas con “baja” medición; y Oaxaca con “muy baja”.
Dentro del rubro de entidades con competitividad “media baja”, Tlaxcala superó a entidades como Veracruz, Hidalgo, Morelos, Zacatecas y Puebla.
Respecto a los subíndices, el IMCO dio a la entidad la posición 15 en el rubro “Derecho” donde sus principales pendientes son la competencia de notarios públicos y agresiones contra periodistas, mientras que salió bien evaluado en el rubro “incidencia delictiva”. En innovación y economía ocupó la posición 23, con el PIB per cápita como su principal reto.
En cuanto a “sociedad y medio ambiente”, Tlaxcala tuvo el lugar 27 a nivel nacional con la morbilidad por enfermedades respiratorias como su principal desafío; y en “infraestructura”, donde obtuvo la posición 28, encontraron como baja competitividad en cuanto al número de terminales puntos de venta; captación de ahorro, flujo de pasajeros aéreos; y carga aérea.
Por lo que respecta al “mercado de trabajo”, el IMCO observó como principales pendientes en la entidad el ingreso promedio de los trabajadores de tiempo completo; desigualdad salarial; jornadas laborales superiores a 48 horas; y la brecha de ingresos por género.
Tlaxcala tuvo su mejor evaluación en el subíndice “sistema político y gobiernos”, donde su principal reto es la generación de ingresos propios; pero resultó con valoraciones “competitivas” muy altas y altas en cuanto a la distribución de deuda per cápita, deuda estatal y de organismos estatales; así como en consulta de información sobre finanzas públicas.
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