Redacción (Tlaxcala, 7 de mayo de 2024) Con la finalidad de garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y local 2023-2024, el gobierno del estado, a través de las secretarías de Gobierno (Segob) y Función Pública (SFP), emitió el Acuerdo Coordinado por el que se emite el Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024.
Este protocolo tiene como objetivo establecer las reglas y mandatos que deben observar las personas servidoras públicas, a fin de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas en materia electoral, así como el uso indebido de los programas sociales.
Por ello, promueve la normatividad aplicable a la que está sujeto el actuar de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal, en el ámbito de su respectiva competencia y advierte sobre las acciones y omisiones que deberán evitar durante la época electoral.
El documento forma parte de las acciones instrumentadas por el gobierno del estado para que las actividades asignadas a las dependencias y entidades se asuman con una visión ética del servicio público, bajo esquemas de vigilancia en los programas de gobierno y fomento a la cultura de la denuncia, para evitar el uso indebido de recursos públicos a favor de las y los candidatos, partidos políticos o coaliciones.
El protocolo establece las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la suspensión de la propaganda gubernamental y las excepciones de suspensión de campañas de información con base en la ley.
También indica la suspensión de reuniones masivas y del empadronamiento de beneficiarios de los programas sociales, junto con los parámetros bajo los cuales se realiza el manejo de recursos y uso de bienes públicos en este periodo electoral.
Asimismo, señala las condiciones de actuación de las personas servidoras públicas durante los procesos electorales 2023-2024 y las infracciones en las que pueden incurrir, entre otras consideraciones, para prevenir la probable comisión de hechos con apariencia de delitos previstos en la normatividad correspondiente o faltas administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De esta manera, el gobierno del estado busca cumplir con la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
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