Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de mayo de 2024) Los retos de los centros de justicia para mujeres en el país es adaptarse a los contextos y necesidades de cada estado, tener independencia presupuestaria frente a las fiscalías y garantizar un enfoque diferenciado a mujeres con discapacidad, migrantes e indígenas, afirmó Nancy Carmona Arellano, directora de la organización EQUIS Justicia para Mujeres.
Este martes, la organización nacional presentó el “Informe Nacional sobre Cetros de Justicia para Mujeres 2018-2021” en la Casa de la Cultura Jurídica de la capital, donde Carmona Arellano precisó que a nivel nacional 70 por ciento de las mujeres han vivido violencia en México, de ellas únicamente 20 por ciento solicitó apoyo institucional y solo cinco por ciento acudió al Centro de Justicia para Mujeres (CJM).
Explicó que si bien ha habido avances en que todos los estados cuentan con al menos un centro y que han avanzado en la capacitación de personal; aún enfrentan obstáculos como contar con personal suficiente debido a que la modalidad de contratación genera una rotación constante; contar con presupuesto tanto necesario como independiente de las fiscalías que en la mayor parte de los casos concentran el recurso para después trasladarlo a los centros.
Sin embargo, la directora de EQUIS Justicia para Mujeres enfatizó que uno de los principales retos que enfrentan los CJM es implementar un enfoque diferenciado al contar con traductores de lenguas indígenas y contar con instalaciones accesibles para personas con discapacidad.
En consecuencia, la organización emitió como recomendaciones que los centros estén constituidos en la ley, que cuenten con presupuesto anual progresivo y suficiencia de personal, generar mecanismos para la participación efectiva de la sociedad civil, brindar atención con enfoque diferenciado, garantizar la disponibilidad de rutas de transporte desde diferentes zonas hasta sus instalaciones; difundir información actualizada, oportuna y funcional; y contar con unidades de transparencia que aseguren el acceso a la información.
Por su parte, Alma Delia Morales Xicohténcatl del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), organización que coadyuvó a la elaboración del informe, puntualizó que ningún acompañamiento será suficiente para las mujeres que han vivido violencia, por ello es importante que las organizaciones cuenten con atención integral para evitar que vuelvan con sus agresores.
De igual forma, indicó que tanto usuarias como instituciones públicas deben conocer sus funciones para evitar que las canalicen a otros espacios como ha ocurrido en Tlaxcala donde las envían al Centro de Justicia Alternativa; y expuso que el CJM de Tlaxcala debe implementar rutas de atención a casos de alto riesgo con la finalidad de prevenir la violencia feminicida.
Ambas especialistas recalcaron que es urgente adecuar la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para asegurar el funcionamiento de los centros ante un escenario nacional donde en el último año presuntamente se han cometido 830 feminicidios, dos mil 500 homicidios dolosos de mujeres, se investigan 70 mil denuncias por lesiones dolosas y se realizan 336 mil 500 llamadas de emergencia.
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