Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 29 de mayo de 2024) La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) aprehendió a Eymard N., por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El operativo se llevó a cabo en la Loma Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, derivado del proceso de fiscalización correspondiente al ejercicio fiscal 2021 realizado al municipio de Panotla, se observaron irregularidades en la administración de los recursos, ya que Eymard N., en su carácter de presidente municipal hizo adquisiciones ilícitas y desvío de recursos públicos en beneficio de personas físicas y morales.
De acuerdo con el Código Penal del Estado, comete delito de peculado el servidor o servidora pública que use de manera distinta a lo establecido en las leyes y presupuestos los recursos públicos que estuvieran a su cargo; o bien lo haga para promover la imagen pública de superiores jerárquicos o terceros. Por este delito, las penas van de tres a 10 años de prisión y multas de 18 a 216 días de salario mínimo.
Además, el uso indebido de atribuciones y facultades es aquel en que "el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; por lo que, de acuerdo al monto, quien incurra en él puede pasar de uno a nueve años de prisión y deberá pagar de 18 a 648 días salario; penas que se triplicarán si se comprueba que el servidor público se benefició de ello.
Según el informe de la cuenta pública correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2021 que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la administración de Panotla tuvo un probable daño patrimonial por 36 millones 312 mil 075.52 pesos en observaciones por por pagos de bienes o servicios sin acreditar su recepción; uso de recursos distintos a los fines autorizados, pagos improcedentes, falta de bienes muebles, recursos no comprobados, pagos por montos superiores a los existentes en el mercado, obras pagadas y no ejecutadas, procesos de construcción deficiente, pagos de obras sin acreditar su existencia, y obras no fiscalizadas por ocultamiento de documentación comprobatoria.
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