Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 17 de abril de 2024) La expansión de las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, aunada a la devastación socioambiental derivada de la contaminación del Alto Atoyac han derivado en una violencia estructural que atenta contra las comunidades, indicó Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés.
Al presentar el XXII informe de actividades del Centro, bajo el título "Lucha colectiva, caudal de agua viva que transforma", Méndez Serrano expuso que la indolencia de los gobiernos municipales, estatales y federales ha impactado el tejido de las comunidades y ha permitido que la contaminación del agua y la explotación de niñas y mujeres con fines de explotación se profundicen.
Agregó que a pesar de la constante minimización que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho sobre el problema de trata, tan sólo en este periodo han detenido a 18 tratantes. A pesar de ello, su administración lejos de tomar medidas preventivas ha otorgado -entre 2021 y 2023- 65 permisos para la operación de bares, hoteles, moteles y centros botaneros en 14 municipios, lugares que se asocian con la práctica de este delito.
La activista señaló que tanto el discurso estatal como el federal respecto a que no hay denuncias de trata en el estado o que éstas van a la baja, contradice la realidad que se vive en las comunidades, manifiesta en el incremento de violencia contra mujeres y niñas. De modo que esto constituye un problema en sí mismo, ya que al no aceptar la realidad no se realizan las acciones necesarias ni se destina el recurso suficiente para atender el problema.
"Asumir que la falta de denuncias de mujeres que han sido víctimas del delito de trata significa que el problema no existe, es quedarse en una mirada muy corta de parte de las autoridades ante la gravedad de la situación, evidenciando la ausencia de conocimiento y la irresponsabilidad de su actuar al no asumir las obligaciones que les corresponden en la materia de acuerdo con la legislación vigente", detalla el informe.
En este sentido, destacó que el Centro Fray Julián Garcés ha realizado una serie de diagnósticos que contribuyen a visibilizar la problemática, foros, convenios con organizaciones e instituciones; así como la creación de la red de maestras y maestros que implementan el modelo de aprendizaje basado en problemas con el propósito de prevenir la violencia contra las niñas y mujeres en un trabajo con estudiantes de ambos sexos.
Por lo que respecta a la cuenca del Alto Atoyac, Alejandra Méndez expuso que las recientes determinaciones y reformas del Legislativo estatal no han abonado a garantizar el derecho al agua, al saneamiento y a la comunidad, ya que desconocen los comités comunitarios de agua en Ley de Aguas que se discutió en 2023, proyecto que se encuentra parado gracias a la acción de la sociedad civil.
Reiteró que esta problemática y su consecuencia para la salud de las personas ha sido reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la recomendación 10/2017 y recientemente por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) en un informe; además de que el tema ha permeado a nivel nacional e internacional.
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