Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 25 de febrero de 2024) De acuerdo con el informe de la cuenta pública de 2022, seis municipios tienen pendiente por aclarar el destino de 38 millones 805 mil pesos correspondientes a recursos federales en rubros como seguridad e infraestructura social; razón por la cual, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha promovido 28 acciones ante la probabilidad de daño a la hacienda pública.
El documento publicado el pasado 20 de febrero muestra que el órgano del Legislativo federal que tiene a su cargo la vigilancia de los recursos públicos realizó auditorías a 11 municipios por un monto total de 443 millones 770 mil 100 pesos; de los cuales realizó observaciones a 48 millones 508 mil 600 pesos y de ellos recuperaron nueve millones 703 mil 600 pesos.
Los rubros donde principalmente resultaron las observaciones fueron en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) en recursos para seguridad; en esta fuente, al municipio de Huamantla, encabezado por Juan Salvador Santos Cedillo (PVEM), le resultaron observados cuatro millones 829 mil 800 pesos que ascienden a 6.5 por ciento de los 73 millones 810 mil pesos que fueron auditados. En este caso, la ASF indicó que el ayuntamiento reportó de forma parcial el ejercicio de este fondo, además de que el ayuntamiento no pudo acreditar la recepción de mil 500 luminarias y lámparas.
En el mismo tenor, la administración de Raúl Tomás Juárez Contreras en San Pablo del Monte (NAT) no pudo comprobar el destino de 17 millones 356 mil 200 pesos que corresponden a 20 por ciento de los 61 millones 796 mil pesos que debieron ser destinados a seguridad pública. De forma particular, el ayuntamiento no pudo validar el pago de nóminas 16.3 millones de pesos, observaron sobre costo en la contratación de bienes o servicios por 462 mil pesos y no acreditó el reintegro de 298 mil pesos que no fueron ejercidos.
Mientras que el ayuntamiento de Zacatelco, presidido por Hildeberto Pérez Álvarez (NAT), tuvo observaciones por cinco millones 454 mil 500 pesos en el recurso para seguridad, cifra que equivale a 15.9 por ciento de los 34 millones 166 mil 100 pesos del fondo destinado para este fin en 2022, debido a que no acreditó la recepción de bienes y servicios. En este sentido, es de notar que desde el 5 de diciembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina han tomado el control de la seguridad en esa demarcación a causa de que el personal carecía de certificación y capacitación para ejercer funciones policiales.
También en el FORTAMUN, pero con relación a infraestructura social, la Auditoría Superior de la Federación observó cinco millones 554 mil 400 pesos a la administración de Gustavo Jiménez Romero en Chiautempan (MORENA) que corresponden a 14.9 por ciento de los 37 millones 060 mil 600 pesos revisados. Aquí, el ente auditor observó que 2.9 mdp corresponden a cinco cheques expedidos fuera de plazo, 24 mil pesos de dos obras pagadas en exceso, 2.2 mdp por ocho obras reportadas que no operaron, 337 mil pesos por una obra no benefició a la población, y deficiencias en su control interno.
En tanto que la presidencia de Carlos García Sampedro (PT) en Nativitas quedó pendiente por aclarar el destino de un millón 603 mil pesos que ascienden a 7.9 por ciento de los 20 millones 148 mil 900 pesos auditados; derivado de una obra que no opera.
Al gobierno de la capital, entonces encabezado por Jorge Corichi Fragoso (MORENA), la Auditoría le observó 945 mil 700 pesos en infraestructura social, equivalentes a 5.8 por ciento de los 16 millones 116 mil 700 pesos que formaron parte de la revisión; el recurso pendiente por aclarar corresponde a obras que no operan.
Además, el ayuntamiento de Tlaxcala también recibió observaciones por tres millones 061 mil 300 pesos correspondientes a participaciones federales que no pudo comprobar; este monto es igual a 71.1 por ciento de los cuatro millones 302 mil 700 pesos destinados desde la hacienda federal a dicho municipio. El monto observado corresponde a falta de evidencia sobre la entrega de bienes o servicios, así como la conformidad del ayuntamiento respecto al pago de cursos relacionados con cultura de la legalidad, ética y capacidades de seguridad pública.
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