Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 7 de febrero de 2024) El pleno del Congreso del Estado avaló dictámenes presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos en favor de la niñez tlaxcalteca, con el propósito de evitar su explotación por mendicidad, para reconocer la alienación parental como una violación a sus derechos, y para proteger a los menores que quedan en orfandad resultado de un feminicidio.
En la sesión ordinaria de este jueves, que fue suspendida en dos ocasiones a falta de quórum, la diputada Maribel León Cruz dio lectura a la propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LDNNA) a fin reconocer la mendicidad forzada como una forma de maltrato que puede ser cometida por padres, madres o tutores.
Explicó que ésta es una forma de trata de personas que puede ser promovida desde las familias y por grupos delincuenciales con riesgos mayores para las víctimas como la explotación sexual; además de que limita el acceso a derechos como la educación y a mejores oportunidades de vida.
Mientras que la legisladora Gabriela Esperanza Brito Jiménez propuso incorporar al Código Civil y a la LDDNA el reconocimiento de la "alienación parental" como una forma de violencia, entendida como la manipulación o inducción a un niño, niña o adolescente con el objeto de producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio contra alguno de los progenitores o algún otro miembro de la familia.
La promovente detalló que este fenómeno puede traer consecuencias importantes en las y los menores de edad al generar problemas emocionales, de salud mental y en la relaciones; bajo rendimiento académico y aislamiento social; por lo que implican una vulneración a sus derechos humanos.
Por su parte, la diputada María Guillermina Loaiza Cortero planteó modificaciones a los códigos Civil y Penal a fin de que en caso de feminicidio o violencia vicaria, el padre de las niñas, niños y adolescentes pierda su patria potestad debido a que la comisión de este delito implica poner en riesgo la integridad física y psicológica de los menores.
La legisladora detalló que el delito de feminicidio trae severas consecuencias también para las hija o hijos de la víctima por la ausencia de su madre; por lo que cuando el ilícito sea cometido por quien ejerce la patria potestad, es necesario velar por el interés superior de la niñez al retirarle este derecho, así como los de convivencia y visitas.
Propone Calva Pérez reconocer el "derecho a una administración pública"
En la misma sesión, el legislador Lenin Calva Pérez planteó reconocer el derecho a la administración pública entre las prerrogativas reconocidas por el artículo 19 de la Constitución local; ello implica garantizar un trato digno, justo respetuoso en el despacho de asuntos públicos.
De modo que el Estado lo garantizará a través de la prestación de servicios bajo los principios de equidad, igualdad, inclusión, no discriminación, respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez, imparcialidad, honestidad, disciplina, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, integridad, austeridad, racionalidad, ética, calidad, legalidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación.
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