Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 30 de enero de 2024) La presidenta del Poder Judicial del estado, Mary Cruz Cortés Ornelas, rechazó que cuenten con un subejercicio de 2023; pese a que reconoció que no ejercieron 80 millones de pesos, pues justificaron que serán destinados a la construcción siete salas de oralidad en los próximos meses.
En comparecencia ante integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presidida por la diputada Reyna Flor Báez Lozano, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado destacó que durante 2023 emprendieron acciones para fortalecer la protección de derechos humanos de diversos sectores; especialmente de niñas, niños, adolescente y mujeres.
Comentó que han creado un área especializada en la capacitación sobre los derechos de menores, un protocolo único para la atender casos de violencia cibernética y otro para víctimas de trata de personas; acompañan a mujeres víctimas de violencia para que reciban asistencia de diferentes dependencias.
Mary Cruz Cortés Ornelas destacó también que el juzgado en materia laboral presenta un importante avance en la sistematización electrónica de sus procedimientos a través de expedientes electrónicos y digitalización; lo que están en proceso de implementar en el resto de las materias
La también presidenta del Consejo de la Judicatura respondió a los señalamientos de los legisladores Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cambrón Soria respecto a la mala administración del presupuesto para 2023, toda vez que no fueron ejercidos 80 millones de pesos. El argumento, reforzado por la consejera Violeta Tapia, fue que se reservaron para licitar la construcción de cuatro salas de oralidad en el distrito judicial Guridi y Alcocer del municipio de Tlaxcala y tres más en el distrito Emilio Sánchez Piedras del municipio de Apizaco.
Al respecto, Águila Lima puntualizó que ese ejercicio debieron ejercerlo desde el inicio de 2023 y no esperar a final del año para definir a qué sería destinado, ya que eso les remite como Congreso que no hay planeación u organización; por lo que no tenía razón de ser el incremento a su presupuesto.
Ante el señalamiento de Cambrón Soria, la magistrada justificó que el retraso en los procedimientos penales no solo es un tema del Poder Judicial, sino de todos los actores que intervienen en la materia; incluidos abogadas y abogados litigantes que no cuentan con la profesionalización y capacitación para avanzar en el procesos y ello en muchas ocasiones deriva en que las audiencias sean reprogramadas
Respecto a la pregunta del mismo legislador sobre el rezago en la atención de juicios laborales pendientes desde 2018, indicó que ello obedece a que no siempre estuvieron en cancha del Poder Judicial y recientemente tomaron la determinación de que sea el juzgado laboral el que los atienda.
El perredista llamó a magistradas y magistrados del Poder Judicial a defender la soberanía de institución ante embates del Ejecutivo federal. En este sentido, recalcó que el papel de la presidenta no es acompañar a la titular del Ejecutivo estatal para foto en eventos que no son de su competencia.
A pregunta del diputado Ever Alejandro Campech Avelar sobre el procedimiento que se ha seguido a las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por probables delitos asociados al mal manejo de recursos públicos municipales; la presidenta del TSJE informó que tienen en marcha 45 asuntos relacionadas con peculado y otras formas de delito por mal desempeño en el servicio público, una de las cuales resultó en prisión preventiva y cerca de 10 que están en proceso de sustanciación.
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