Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de enero de 2024) La senadora Minerva Hernández Ramos señaló que la falta de estrategia de seguridad pública a nivel estatal y en la capital del estado ha favorecido el incremento de los delitos de alto impacto; por lo que llamó a un "pacto por la seguridad" a fin de atender esta problemática.
En conferencia de prensa, la panista destacó que Tlaxcala ha registrado incremento en delitos como el feminicidio que pasó de cuatro casos en 2022 reportados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a 13 hasta noviembre de 2023, lo que implica un aumento de 225 por ciento; además de 3.5 por ciento más de robo en general; 3.2 por ciento más de robo en casa habitación; 6.9 por ciento más de robo a vehículo y 11 por ciento más de robo a negocio.
Agregó que de acuerdo con el Índice Paz 2022, Yucatán es el estado más pacífico del país y no Tlaxcala como lo afirman las autoridades locales; ya que, entre otras cosas, ha registrado un descenso en 67 por ciento de los feminicidios y en siete por ciento en los robos. Esto, aseguró, es muestra de que no sólo es un tema del gobierno federal, sino de las acciones que puedan tomar gobiernos estatales y municipales.
Hernández Ramos subrayó que el incremento de los delitos del fuero común no solo afectan la integridad y la tranquilidad de personas y familias; sino que tiene un impacto económico como lo muestra el mismo estudio que calcula el costo en 28 mil millones de pesos para 2022, cifra que supera el presupuesto de egresos para este año y que se traduce en 20 mil 069 pesos perdidos por habitante.
Por ello, puntualizó que la falta de estrategia o de continuidad en ella, como ha ocurrido a nivel estatal donde ha habido cuatro secretarios de seguridad ciudadana o en la municipal con ocho diferentes directores de seguridad pública, muestran que Tlaxcala requiere de un cambio de "capitán".
Aunado a ello, destacó que tanto la estrategia de seguridad como el monto destinado a la renta de vehículos para este fin fueron reservadas por el ex alcalde Jorge Corichi Fragoso por un periodo de cinco años, lo que muestra su opacidad en éste y otros temas como las letras talladas de la ciudad, la iluminación o la compra de flores para la remodelación del parque.
Mientras que a nivel estatal, cuestionó la resistencia del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros y el Legislativo para impulsar la reforma de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a fin de convertirla en una fiscalía autónoma, como ha ocurrido en casi todos lo estado del país.
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