Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 13 de noviembre de 2023) Un sistema judicial sin perspectiva de derechos humanos y de género favorece la estigmatización de las mujeres y evitar que puedan acceder a la justicia, coincidieron expertas durante el foro "Derechos humanos y acceso a la justicia con perspectiva de género en Tlaxcala, caso de Keren Ordóñez".
Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C (Centro ProDH), recordó que desde hace ocho años Keren Selsy Ordóñez Hernández se encuentra en prisión inculpada por el delito de secuestro, cometido en su natal Veracruz; a pesar de que ella no estuvo involucrada en ello y únicamente había acudido al domicilio de su expareja para recibir dinero para su hija en común, quien en ese momento tenía 28 días de nacida.
Recordó que la joven madre fue víctima de tortura y recibió un trato discriminatorio por parte del Poder Judicial; sin embargo, desde que la organización tomó su representación jurídica para apelar la sentencia de 50 años dictada en 2019, han presentado las pruebas de su inocencia y esperan que en próximos meses sea absuelta y puesta en libertad.
En uso de la voz, Ciria Hernández, madre de Keren, comentó que ha sido muy difícil la vida de su hija desde el embarazo y más aún con su detención; lo que la ha mantenido lejos de su pequeña Ashley y alejada del resto de su familia.
"La citó para darle dinero para la leche y los pañales, pero su sorpresa fue que cuando llegó la detuvieron junto a la niña; desde ahí para acá ha sido un proceso muy difícil no tan solo para ella porque no sufre nada más ella, nosotros como familia no podemos venirla a ver porque nosotros no tenemos los medios", explicó.
Mientras que la investigadora de la Universidad Iberoamericana Elena Varela precisó que si bien las mujeres presentan seis por ciento de la población penitenciaria; es un grupo que crece más rápido que la población masculina y se enfrentan a problemas diferenciados por su condición de género como garantías para un embarazo y partos seguros, así como para una menstruación digna.
Muestra de ello es que siete de cada 10 tienen hijos y 68 por ciento tienen algún dependiente económico; además de que 38 por ciento de ellas manifestó haber sido víctima de tortura, donde la sexual es la más frecuente, y tienen sentencias más prolongadas que los hombres por los mismos delitos; lo que se observa en que mientras para ellas el promedio es de 23 años de condena, para ellos es de 17.
Puntualizó que deriva de que coexisten un sistema social y penal que generan una doble estigmatización de las mujeres, las discriminan y encarcelan injustamente porque no aplican perspectiva de género; pero también porque en casos como el de Keren no se consideran sus condiciones de vulnerabilidad y borran los testimonios no solo de ella, sino de su madre. Asimismo, niegan su identidad al considerar que si su pareja estaba involucrada en el delito, ella también.
En tanto que Alma Karina Cuevas Fernández, catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), expresó que ya no solo basta impartir justicia, sino reconocer que ésta debe ser ejercida con perspectiva de derechos humanos y hacerla efectiva desde el momento de la detención hasta los procesos judiciales; lo que implica una mayor vigilancia de los juzgadores, mayor sensibilización en materia de derechos humanos, y eliminar las violencias dentro del mismo Poder Judicial.
La directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, puntualizó que la violencia institucional y estructural obstaculizan el acceso a la justicia por parte de las mujeres; por ello la constante demanda de la sociedad civil para que se implementen los más altos estándares internacionales, ya que en Tlaxcala todavía falta mucho por hacer con el marco normativo que favorece la corrupción, impunidad y violencia.
Al hacer uso de la voz, Niza Castañeda, representante de oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos, hizo un recuento de estos estándares en materia de acceso a la justicia a nivel internacional que tienen como objetivo combatir los impactos diferenciados que tienen los proceso judiciales para hombres y mujeres, así como asegurar la dignidad de las personas con lineamientos claros sobre las obligaciones de los Estados.
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