Redacción (Tlaxcala, 7 de noviembre de 2023) La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, dijo ser respetuosa de la iniciativa de las autoridades municipales de Apizaco para implementar un Protocolo de Inspección Escolar, pero consideró necesario que dicho documento, sea replanteado para que se alinee con los estándares nacionales e internacionales que garantice un respeto irrestricto a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).
Precisó que han sido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las instancias que han determinado que la aplicación de este tipo de operativos comúnmente conocidos como “Mochila Segura” es inconstitucional, toda vez que han demostrado ser ineficaces para atender las causas profundas de la violencia escolar y lo más preocupante, es que pueden generar efectos adversos como la estigmatización y percepciones erróneas sobre la violencia, propiciando sesgos étnicos-raciales.
Y es que este tipo de revisiones no se guían por un estándar común, además de que, en ellos se debe anteponer el interés superior de la infancia, la autonomía progresiva y el desarrollo integral, que son derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Manifestó que la CNDH ha advertido que las estrategias de inspección no deben partir del prejuicio y deben incluir a toda la comunidad escolar incluyendo al personal docente y administrativo, evitando discriminaciones y estigmatizaciones, así como contar con indicadores para analizar el impacto de las medidas de protección en el corto, mediano y largo plazo para evaluar su conveniencia.
Las revisiones deberán cuidar el derecho a la intimidad, respetando la privacidad durante la revisión que deberá efectuarse preferentemente por personas del mismo sexo que la o el estudiante y en espacios privados, sin exhibir los objetos personales en lugares públicos, así como garantizar el derecho a la participación tanto de padres como de alumnos para que puedan expresar sus preferencias y preocupaciones sobre la seguridad escolar para que las revisiones sean en todo momento consensuadas.
La misma CNDH ha estimado que para las revisiones deberán realizarse bajo una cadena de mando y en espacios privados donde se establezca una lista precisa de los objetos nocivos y cómo identificar los comportamientos peligrosos, evitando en todo momento la exhibición pública; en todo caso, ha hecho un llamado a los Congresos federal y locales para que establezcan leyes que sustenten estos programas de seguridad escolar.
De esta forma, Jakqueline Ordoñez Brasdefer dijo que esto no impide que las comunidades escolares que así lo decidan, lleven a cabo acciones de prevención de violencia o esquemas de convivencia de diseño consensual y no obligatorios, siempre y cuando ponderen los derechos humanos sobre la pertinencia del programa respetando la oposición de quienes no acepten sujetarse a dichas medidas.
En consecuencia, la presidenta de la CEDH exhortó a las autoridades del municipio de Apizaco, a redefinir y centrar el concepto de seguridad escolar, poniendo en el centro el interés superior de NNA con una visión integral e interdependiente de derechos para la focalización de sus intervenciones, pues reiteró que la violencia en escuelas debe comprender desde el reconocimiento de la complejidad de la violencia, el contexto de vida de las y los estudiantes, así como una atención a la salud mental que incluya apoyo psicoemocional y social para mejorar la resolución de conflictos.
Sugirió que, de forma alterna, se implementen medidas como la construcción de confianza entre la comunidad escolar, ajustes curriculares que promuevan la cultura de la paz y los derechos humanos, capacitación docente en la materia, implementar mecanismos accesibles y seguros de presentación de quejas por violencia escolar (teléfonos de ayuda, salas de chat, denuncia en línea, puntos de información en escuelas, etc), incluso incorporar un espacios en los consejos técnicos mensuales para el desahogo de asuntos identificados por docentes para abordar la violencia sin enfoque estigmatizante y el diseño de planes individualizados de seguimiento a víctimas de violencia en las escuelas.
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