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lunes, 6 de noviembre de 2023

Invalida SCJN disposiciones de leyes de ingresos 2023 de Apizaco y Apetatitlán

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 6 de noviembre de 2023) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió inconstitucionales diversas disposiciones de las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de los ayuntamientos de Apizaco y San Pablo Apetatitlán por considerarlos violatorios de los principios de proporcionalidad, equidad tributaria, y reserva de ley.


    La sentencia deriva de la acción de inconstitucionalidad 61/2023 iniciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de disposiciones relacionadas con el cobro del servicio de alumbrado público; del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; así como los derechos por la búsqueda y expedición de copias simples de documentos. 


    Con estos, suman 57 leyes de ingresos para este año, cuyas disposiciones fueron invalidadas por el máximo tribunal del país, por violaciones a la legalidad, certeza jurídica, gratuidad en el acceso a la información pública, proporcionalidad, entre otros; por los cuales también ha exhortado al Congreso de Tlaxcala a evitar la reincidencia en vicios de inconstitucionalidad.


    De acuerdo con la determinación de la Corte, tanto Apizaco como Apetatitlán incurrieron en vulneraciones a la proporcionalidad y equidad tributarias al pretender cobrar el servicio de alumbrado público en razón de los metros de la fachada de un inmueble; elemento que consideran ajeno al costo que representa la prestación del servicio.


    Mientras que Apizaco vulneró los principios de reserva de ley y legalidad jurídica, así como el derecho a la seguridad jurídica al delegar a autoridades administrativas la determinación del monto de la tarifa por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado.


    En tanto que Apetatitlán incurrió en cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por los derechos de búsqueda y expedición de copias simples de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información; lo que atenta contra los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

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