De los tratantes detenidos en México y EE.UU. en 14 años, 42.6% es tlaxcalteca: CFJG

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de noviembre de 2023) De la totalidad de personas detenidas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en México y Estados Unidos en 14 años, 42.6 por ciento son de origen tlaxcalteca, informó el Centro Fray Julián Garcés durante la Jornada "Mujeres con libertad y violencia".

    En el evento que se desarrolló en la ciudad de Tlaxcala por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización explicó que realizaron una sistematización de información obtenida de fuentes hemerográficas entre enero de 2009 y octubre de 2023; revisión que arrojó la detención de 321 personas (258 hombres y 63 mujeres).

    Entre ellas identificaron a 137 personas originarias de 17 diferentes municipios de Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Axocomanitla, Ayometla, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, El Carmen Tequexquitla, Huactzinco, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Papalotla de Xicohténcatl, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Miguel Tenancingo, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Xicohtzinco y Zacatelco.

    De igual forma, el CFJG obtuvo que las redes de enganche de niñas y mujeres en el país se han extendido por 17 estados: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

    Además, las redes de explotación sexual abarcan a 21 entidades: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

    La organización destacó que estos número apenas reflejan una realidad más amplia, toda vez que no todos los casos llegan a ser registrados como un delito por la deficiencia institucional y otros más ni siquiera llegan a denuncia por las condiciones en que se encuentran las víctimas.

    Asimismo, indicaron que esta situación confirma que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, por lo que podrá atacarse si no se aplican medidas para atender el origen del problema. "Es decir, políticas, programas, proyectos y acciones entre todos los sectores y en todos los ámbitos de gobierno y de la sociedad que apunten, también y con toda claridad, hacia la construcción de masculinidades no violentas desde la infancia tanto en la familia como en la escuela".

    Por ello, demandaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dejar de negar el problema e implementar adecuadamente el Programa Estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022-2027; y al Congreso del Estado vigilar que se le destinen los recursos suficientes y que estos  correspondan al contenido del programa. Mientras que al Poder Judicial demandó garantizar el acceso a la justicia, protección real para las víctimas y sanción penal para los tratantes.