Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 23 de noviembre de 2023) El pleno de la LXIV Legislatura avaló la reforma constitucional conocida como "3 de 3 contra la violencia" que impedirá a personas deudoras alimentarias morosas o quienes tengan sentencia firme por violencia familiar o sexual acceder a cargos de elección popular, ser designadas para empleos o cargos en la administración pública estatal o municipal, en los poderes Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos.
La iniciativa fue aprobada con 20 votos tras un breve receso, debido a que varios diputados y diputadas abandonaron el pleno durante su lectura; por lo que la sesión reinició una vez que se reintegraron.
Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, se dio lectura a esta iniciativa que no solo tocaba a la Constitución de Tlaxcala con modificaciones y adiciones; sino a diferentes ordenamientos reglamentarios de la administración pública y organismos autónomos que fue impulsada desde la sociedad civil.
No obstante, el dictamen avalado adiciona un articulo 24 Bis a la Constitución estatal para restringir el acceso al servicio público a personas con sentencia firme por violencia doméstica, familiar, política contra las mujeres en razón de género; así como por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; así como personas inscritas por impago de obligaciones alimentarias en cualquier padrón o registro vigente.
Al considerar que el proceso electoral local 2023-2024 está próximo a iniciar el 2 de diciembre, el Legislativo acotó que este requisito de elegibilidad no podrá aplicarse inmediatamente por restricción de ley; por lo que en sus transitorios establecieron que para el ámbito electoral, la reforma cobrará vigencia el 1 de septiembre de 2024, plazo en el que ya se habrán dirimido los medios de impugnación que en su caso hayan hecho valer contra los actos derivados del proceso.
Las y los legisladores destacaron que con el análisis de la violencia contra las mujeres se ha hecho patente actuar desde el poder público con perspectiva de género; por lo que es inadmisible que quienes ejerzan algún cargo público sean personas que incurran en este tipo de actos.
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