Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 18 de julio de 2023) Para garantizar la inclusión de las personas indígenas en el ámbito político-electoral, en primer lugar hace falta asegurar el resto de sus derechos básicos, recursos y condiciones de competitividad, coincidieron panelistas del foro "Retos y desafíos en el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas indígenas" al que convocó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Emmanuel Vázquez Ávila, presidente del instituto, indicó que este panel tiene como objetivo identificar los retos que enfrentan las personas con identidad indígena; ya que, puntualizó, no es suficiente que sus derechos estén reconocidos en las leyes para poner fin a la pobreza, la discriminación, exclusión, analfabetismo y violencia, así como a la falta de representación. De modo que las instituciones tienen la tarea de impulsar un desarrollo equilibrado.
“Nuestro estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en las culturas nahuas y otomí. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI, en Tlaxcala hay 209 mil 942 personas indígenas, lo que representa el 16.42 por ciento de la población total de nuestro estado. Nuestra sociedad reconoce que las personas con identidad indígena poseen particularidades en su forma de organizarse y en su dinámica social, política y económica; así como su derecho que prevalezca su identidad y forma de organización”, apuntó.
Al hacer uso de la voz, la magistrada Claudia Salvador Angel, presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), indicó que como originaria de Ixtenco observa que entre los retos para garantizar los derechos político-electorales a personas indígenas está el asegurar la igualdad para acceder a candidaturas a los diferentes cargos; que puedan incluirse de forma competitiva, sin discriminación ni violencia; difundir sus derechos y la forma de tutelarlos; además de buscar la conciliación del sistema de partidos y candidaturas independientes con los sistemas normativos internos que rigen las comunidades, ya que esto potenciará su participación en la vida democrática.
En tanto que el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, comentó que la discriminación y la inclusión son dos caras de una misma moneda; por lo que a su parecer se tiene que atender en el ámbito electoral debe atenderse en cinco aspectos: reformas legislativas que garanticen la participación; la educación y promoción de usos y costumbres; información sobre los derechos que tienen; construir presupuestos que se traduzcan en acciones que hagan posible su participación; y reconocer todas las formas de discriminación que impiden acceder de forma igualitaria a las candidaturas.
"El acceso y lo espacios ganados, los derechos por los grupos minoritarios -los derechos de la comunidad, LGBT, de la mujeres, de la comunidad indígena- no son una graciosa concesión del Estado ni de las autoridades, es producto de una lucha histórica que ha requerido manifestación y expresión social; solamente así se ha logrado avanzar en esa ruta; por lo tanto creo que tiene que prevalecer el levantamiento de la voz, el llamado a la manifestación pública por parte de los diferentes grupos para acceder a estos derechos", observó.
Mientras que el legislador José Gilberto Temoltzin Martínez agregó que la Constitución federal reconoce la composición pluricultural del país sustentada en pueblos indígenas, con quienes persisten pendientes en el estado para evitar su discriminación. Por ello, se pronunció por acciones afirmativas en materia electoral que tengan enfoque multicultural, por fortalecer a las 94 comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, pero también garantizar su participación como tomadores de decisiones en los órganos legislativos y de gobierno.
Al hacer uso de la voz, Margarita Cisneros Tzoni indicó que a lo largo de su experiencia ha observado la discriminación desde el ejercicio del poder y como la ciudadanía tanto por ser mujer como por ser indígena; lo que se observa en falta de presupuesto y la invisibilización dentro de las estructuras partidistas, por lo que a pesar de que se ha avanzado en este tema, todavía alta hacer énfasis en la difusión de los derechos de las mujeres, especialmente las de origen indígenas.
"Hace falta trabajar en la construcción de ciudadanía con las mujeres indígenas, pero desde su propia cosmovisión porque -como bien lo dice María Luisa Tarrés- la ciudadanía es un término occidental, pero que no considera desde las formas de organización de la propia comunidad indígena", comentó; lo que implica asegurar otros derechos básicos como la alimentación, salud, acceso a servicios, eliminar el machismo y la misoginia, ya que dificultan su participación política.
En tanto que la investigadora Patricia Sofía Saldaña Huerta consideró que el sistema de partidos es un obstáculo para la inclusión en la vida político-electoral; toda vez que las comunidades indígenas no pueden proponer candidaturas independientes debido a que no cuentan con los recursos y no se reconoce la forma de organización de las comunidades.
"Yo creo que las reglas para las elecciones se hacen considerando una igualdad jurídica, que es buena; pero el problema es que la realidad social no tiene condiciones de igualdad y que las comunidades indígenas no tienen esas condiciones de otras comunidades o que tienen los partidos políticos para llegar a presentar candidaturas de gente que realmente los represente", subrayó.
Ernestina Conde Lira, presidenta de San José Aztatla municipio de Contla, observó que las autoridades competentes en la materia -como el ITE- deberían difundir las normas y reglamentos para asegurar el derecho al voto; por lo que su desconocimiento inhibe la participación.
Por su parte, Esther Areli Atriano Ramírez, activista comunitaria de Tetlanohcan y Teolocholco, indicó que los pueblos indígenas han sido históricamente delegados en la salud, la educación, el empleo y aun más en la política. Por ello se pronunció por impulsar el reconocimiento de este sector en los ámbitos educativo, político, cultural y social, tener vigencia de derechos y acceso a la justicia de manera real.
"No solo basta con preservar, proteger y difundir, sino dignificar nuestras raíces; generar un cambio de conciencia y reflexión ante la sociedad que tanto discrimina y estigmatiza a las personas indígenas por su color de piel, por su lengua, por su forma de vestir, entre otras; y así fomentar una inclusión real y verdadera", apuntó.
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