Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 2 de julio de 2023) Tras determinar que hubo violaciones a los derechos humanos de dos personas privadas de su libertad en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Xaltocan, donde una de ellas perdió la vida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 02/2023 en la que vincula tanto al ayuntamiento como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En el caso del gobierno que encabeza José Luis Hernández Vázquez, el organismo autónomo recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador ante el Consejo de Honor y Justicia Policial en contra del director, comandante en turno y a siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal a fin de identificar las posibles faltas y sancionarlos independientemente de que continúen o no en el cargo.
Asimismo, instruir a quien corresponda a investigar y en su caso iniciar un procedimiento en contra del alcalde debido a omisiones en el proceso de registro, certificación, capacitación, adiestramiento y exámenes de control de confianza a los elementos de seguridad; por lo que también reforzar sus controles de ingreso, evaluación y permanencia.
De igual forma, deberán colaborar con la PGJE en la substanciación y conclusión de la Carpeta de Investigación C.I. A.I.APIZ-2/1442/2022; reparar el daño a favor de las víctimas indirectas y víctima directa; inscribir a las tres víctimas determinadas en el Registro Estatal; publicar la recomendación en el sitio web del ayuntamiento; designar a personal de enlace en seguimiento a la recomendación e impartir un curso integral sobre primeros auxilios, derechos humanos y facultades jurídicas a todo el personal de seguridad pública.
Tanto el presidente municipal, director, comandante y siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal deberán fijar lugar, día y hora para una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a la libertad.
La investigación realizada por la CEDHT, evidencia que los elementos participantes en la detención, ejercieron abuso de autoridad, “al ser evidente que fueron golpeadas por los citados elementos de seguridad pública municipal ocasionándoles lesiones, circunstancia que se corrobora con las declaraciones que realizaron ante la Agencia del Ministerio Público de la PGJE”, dentro de la carpeta de investigación. Es claro que derivado de su falta de preparación y capacitación, no consideraron los protocolos correspondientes para la detención de dichas personas y que llevaron a la muerte de quien en vida llevara el nombre de Q.N.L.”.
Asimismo, la CEDH detectó que la perita médica de la PGJE mintió al afirmar que la persona que perdió la vida lo hizo a causa de “una hemorragia subaracnoidea no traumática” que dio como resultado un paro cardiaco y por tanto no no fue una muerte violenta. Sin embargo, el dictamen de la perito adscrita al organismo autónomo determinó que había más lesiones en el cuerpo, por lo que pidió una segunda opinión que fue brindada por dos médicos peritos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en donde advirtieron que la versión de un infarto no tenía sustento
"También establecieron que la persona fallecida presentó traumatismo craneofacial, que tuvo repercusiones intracraneanas (movimientos de aceleración y desaceleración, así como de golpe y contragolpe), que conforme a la establecido en la literatura médico legal especializada, se pueden asociar al origen traumático de la hemorragia subaracnoidea documentada a la apertura de la cavidad craneana”.
Por todo ello, la PGJE deberá iniciar una investigación y procedimiento administrativo en contra la médico perito encargada del primer dictamen de necropsia y se le sancione por violaciones a derechos humanos; capacitar al resto del personal médico adscrito a la PGJE sobre la utilización del protocolo de Minessota y otros relacionados con la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas; así como en materia de derechos humanos.
También deberá instruir a los Agentes del Ministerio Público que laboran en las Unidades de Investigación de la PGJE, para que brinden atención cordial y de respeto a quienes acuden a solicitar un trámite y contar con personal capacitado para generar la información que corresponda
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