Zuya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 6 de julio de 2023) La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá investigar por tortura a elementos de esta misma corporación, ofrecer una disculpa pública y pagar la reparación del daño, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT) confirmará actos de tortura en contra de una persona que, derivado de las lesiones, perdió la vida.
En la Recomendación 03/2023 dirigida a la titular de la dependencia, Ernestina Carro Roldán, la CEDH indica que sí hubo actos cometidos por seis elementos de la corporación que causaron graves lesiones físicas y la muerte a un sujeto; por lo que también violaron sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, a la vida, integridad y seguridad personal.
Entre 2022 y 2023, la el organismo autónomo ha emitido cuatro recomendaciones en las que vincula a la PGJE, dos de ellas relacionadas con tortura. El 19 de mayo de 2022 dio a conocer la recomendación 01/CEDHT/PVG/19/2016 por actos de tortura, detención arbitraria y abuso de autoridad ocurridos en 2016; el 16 de febrero de 2023 por violaciones a los derechos de activistas y mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo de 2022; el 29 de mayo de 2023 emitió una tercera que también vincula al ayuntamiento de Xaltocan, pero que en el caso de la Procuraduría determinó que la médica perita mintió en la necropsia; y esta última, fechada el 31 de mayo pasado.
Por lo tanto, el organismo autónomo recomendó a la PGJE instruir al Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación investigar, substanciar y calificar falas administrativas de los elementos señalados como responsables; continuar la indagación hasta concluir la Carpeta de Investigación por tortura y los que resulten; así como generar las gestiones necesarias para otorgar la reparación del daño a las víctimas indirectas (padre, madre y esposa) "comprendiendo el aspecto económico, psicológico y considerando que los actos de tortura son actos consumados y de imposible reparación, motivo por el cual el monto de la compensación deberá ser mayor".
Además, la PGJE deberá realizar una disculpa pública como garantía de satisfacción para las víctimas, a cargo de la titular de la dependencia o de personal directivo de alto mando en la que condenen los hechos y se comprometan a la no repetición; también, capacitar a servidores públicos adscritos sobre obligaciones del Estado en materia de derechos humanos relacionados con los derechos violados, uso medido de la fuerza y las consecuencia de cometer actos de tortura.
Las víctimas deberán ser reconocidas como tal ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado; y la PGJE deberá colocar la versión pública de la recomendación de manera íntegra en su sitio web.
Los actos de tortura ocurrieron en el 27 de abril de 2022 e involucraron a seis personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría. En esa fecha, dos agentes de la Policía de Investigación informaron a los familiares de la víctima que éste se encontraba en el hospital; donde más tarde el padre observó que estaba intubado y conectado a varios aparatos médicos, además de que su cuerpo se encontraba golpeado, principalmente en la zona del abdomen y la cabeza.
El médico le indicó que tenía muerte cerebral y que se encontraba en estado muy delicado; por lo que al conocer los hechos la CEDH acudió al Hospital General de Tlaxcala donde la coordinadora del turno vespertino informó "que la víctima directa se encontraba en el área de choque, en urgencias, y que los paramédicos lo ingresaron sin estímulo verbal, doloroso y sin reacción a la luz".
Asimismo, conocieron que una ambulancia del hospital alcanzó a una camioneta de la PGJE, cuyo personal solicitó apoyo ya que la víctima había convulsionado y no podía ser reanimada. "La versión de los paramédicos fue que encontraron a la víctima directa con policías de Investigación, quienes a su vez refirieron que la víctima fue detenida en la vía pública de Zitlaltepec, trasladándola a la PGJE, pero al solicitarle sus datos convulsionó".
Tras realizar la necropsia de ley, proceso en el que la CEDH participó como observadora, el organismo autónomo que las lesiones son compatibles con actos de tortura de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de Naciones Unidas; aunado a las demás actas de investigación realizadas por la Visitaduría General de la CEDH; por lo sí hubo violaciones graves a los derechos humanos de la vícima directa.
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