Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 11 de julio de 2023) En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del Estado avaló los lineamientos para la dictaminación de cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022; al respecto, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes sostuvo que se trata de un procedimiento obsoleto y anticuado.
Este martes, las y los integrantes de la LXIV Legislatura avalaron que los entes fiscalizables deberán reunir 70 puntos en la evaluación del ejercicio de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022; cuyos informes individuales deberán ser entregada por la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la Comisión de Finanzas y Fiscalización a más tardar el 15 de julio de cada año.
La dictaminación de los informes individuales de cuentas públicas que contienen los resultados de la revisión y fiscalización superior de los entes correrá a cargo de la comisión antes mencionada que tendrá como máximo hasta el 31 de agosto para presentarlos al pleno del Congreso para su aprobación.
"Una vez que el dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable sea aprobado o no por el Pleno del Congreso, éste notificará a la Auditora Superior para que instruya a la Unidad correspondiente inicie o promueva los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra los servidores públicos y/o ex servidores públicos o personas responsables que no solventaron las observaciones finales incluidas en el informe individual", se lee en el documento aprobado.
Respecto a este dictamen, el legislador Covarrubias Cervantes anunció su voto en contra porque aseveró que los legisladores no tienen nada que ver con el proceso de fiscalización conforme lo establece la ley, sino que corresponde a los profesionales técnicos del Órgano de Fiscalización Superior que revisa que toda la información emitida a lo largo del año concuerde con la realidad.
"Los diputados únicamente emitimos un dictamen que dice aprobatorio o reprobatorio que eso sí lo marca la ley, pero que más allá no tiene algún tipo de consecuencia o responsabilidad y para los tiempos del estado, este procedimiento se me hace completamente obsoleto, pasado de moda e inútil para la sociedad tlaxcalteca", afirmó.
Explicó que de acuerdo con la ley, los legisladores no pueden hacer ninguna observación a los entes públicos; por lo que no es apropiado e incluso ha sido utilizado de manera política para presionar a los entes. Por ello, propuso que no se peguen extractos del informe, sino a través de una tabla donde se detallen las calificaciones; de lo contrario perderían tiempo para otras actividades.
"No es posible que si un presidente municipal o un ente público tiene u probable daño patrimonial por cinco millones de pesos, pero que tiene un monto grande ese sí le pueda aprobar y aquel que tiene un presupuesto pequeño se le repruebe, al final del día es el mismo monto; somos personas que si comenten una falta -sea un peso, o cinco millones de pesos- debería existir algún tema de responsabilidad".
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