Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 17 de junio de 2023) Garantizar los derechos político electorales de la comunidad LGBTTTIQ+ y hacerlos efectivos para cada uno de sus integrantes es uno de los pendientes legislativos en materia, indicó la consejera electoral Erika Periañez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Durante su participación el foro "Rumbo a una agenda LGBT+ en Tlaxcala 2023" al que convocaron la Secretaría de Cultura y el Congreso del Estado, la funcionaria electoral comentó que si bien los derechos político electorales son de todas las personas, en la práctica se encuentran restricciones para que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer sus derechos y aunque los órganos electorales locales y el nacional han tomado acciones afirmativas para garantizar este derecho, falta materializarlos en el marco jurídico y hacerlos efectivos.
En este sentido, resaltó que no hay legislación a nivel federal o estatal que establezca lineamientos para garantizar su inclusión en partidos políticos o para asegurar tanto sus derechos a votar o su postulación a un cargo de elección popular. No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó un protocolo en los comicios de 2021 para que la no correspondencia en la credencial de elector con la expresión o identidad de género no fuera un impedimento para emitir el voto.
Sin embargo reconoció que aún tienen el reto de no encasillar a las personas dentro de la generalidad binaria a las que hemos estado acostumbrados; lo que atribuyó a que es reciente la incursión de la comunidad LGBTTTIQ+ en temas electorales, gracias a los litigios que han emprendidos en todo el país y que derivó en que 21 entidades realizaran acciones afirmativas a favor de este sector en los comicios de 2021.
Asimismo, Periañez Rodríguez resaltó que en términos de postulación a cargos de elección popular y designación efectiva, las entidades han tenido que implementar acciones afirmativas debido a que no hay legislación que les diga qué criterios deben cumplir; por lo que si bien el llamado "Plan B" de la reforma electoral federal considera que hay seis grupos de ciudadanía sobre los que se debe legislar y que deben estar representados hasta el cinco por ciento de la Cámara de Diputados Federal (25 curules), seguirá como un pendiente lograr una representación efectiva en todos los cargos.
En este sentido, indicó que una de las complejidades a las que se han enfrentado como órgano electoral es la autoadscripción o autoidentificación simple de las personas que les ha puesto en una disyuntiva entre garantizar el derecho a participar con la protección de datos personales; lo que incluso ha resultado en quejas de la comunidad de la diversidad sexual sobre la posible usurpación de espacios para quienes no forman parte de ella. Además, refirió que falta implementar medidas para prevenir, atender y sancionar acto de discriminación o violencia por identidad o expresión de género, orientación o características sexuales.
Respecto a la participación y militancia de las comunidades LGBTTTIQ+ en partidos políticos, Eria Periañez informó que de los 11 institutos existentes en el estado, solo cinco cuentan con carteras para atender a este sector: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene a la Secretaría de la Diversidad, Igualdad e Inclusión; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Secretaría de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, Juventudes, Ciencia y Tecnología; el Partido Alianza Ciudadana (PAC), la Secretaría de Equidad y Género; Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), la Comisión de la Diversidad Sexual; y Redes Sociales Progresistas, la Secretaría de Género e Inclusión Social.
A propósito, la consejera electoral comentó que sería necesaria una reforma a la Ley de Partidos Políticos a fin de que cuenten con una cartera exprofeso para la población de la diversidad sexual y para que garanticen su inclusión; además de establecer protocolos para sancionar las apologías de odio.
Junto a estos derechos, también se refirió a los derechos político electorales de asociación, autogobierno, consulta a pueblos y comunidades indígenas, participación en mecanismos de democracia participativa y representativa, a formar parte de las autoridades electorales, y acceso a la justicia electoral; que tienen aparejados otros como tener una vida libre de violencia y un entorno favorable a la participación política, la libertad de pensamiento y expresión, derecho de réplica, derecho de acceso a la información y protección de datos personales, de petición, reconocimiento, adecuación y rectificación de la personalidad jurídica.
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