Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 7 de junio de 2023) El proceso de industrialización sin controles adecuados ha derivado en la devastación socio ambiental y limitación al acceso al agua para consumo de la población; por lo que 25 organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como siete mil 724 personas de 52 municipios exigieron a las instituciones del Estado desarrollar instrumentos jurídicos y una política integral que permita abatir estas problemáticas.
A través de un comunicado, las OSC recordaron que el gobierno federal ha reconocido a la Cuenca del Alto Atoyac como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; pese a lo cual no hay un programa integral para su restauración y más bien se impulsan acciones abonan a ella, así como a la violación de derechos humanos en consecuencia.
Volvieron a cuestionar el proyecto de decreto de la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento que fue presentada el 14 de febrero de este año en el Congreso del Estado debido a que desconoce las formas tradicionales de participación comunitaria y criminaliza la protesta social.
Por ello, demandaron una nueva propuesta de ley que sustente la obligación del Estado para garantizar los derechos humanos y colectivos al agua, al saneamiento, a la información y a la participación comunitaria; que obligue a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento a informar sobre toda acción plan o programa en materia de gestión del agua y que promueva la participación de todos los sectores sociales.
Priorizar en ella el derecho a contar con agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso doméstico; que parta del reconocimiento de la cuenta como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental y a partir de un instrumento jurídico que facilite la elaboración y realización de un Programa Integral de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac.
Además, esta nueva propuesta deberá establecer de manera clara y objetiva tanto la responsabilidad como las obligaciones de la industria en el uso del agua, así como sanciones en caso de incumplimiento; acciones para la prevención y eliminación progresiva de la contaminación; la recuperación de mantos acuíferos, consideran el porcentaje de recuperación de mantos; fortalecer la experiencia comunitaria en la administración del agua y la participación en la toma de decisiones; y establecer periodos claros y razonables de revisión de la ley.
Las Organizaciones indicaron que como parte de esta campaña han recolectado firmas y entregaron un oficio a los legisladores Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; Marcela González Castillo, presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lenin Calva Pérez, presidente de la comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; y Ever Alejandro Campech Avelar, comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, de la LXIV Legislatura del Estado de Tlaxcala.
Al oficio anexaron cuatro mil 771 firmas (mil 797 de hombre, dos mil 947 de mujeres y 27 más cuyo sexo no fue especificado) de 52 municipios para pedir que se suspenda el análisis en tanto termina el proceso de trabajo y definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales; además de iniciar un proceso de información, consulta y deliberación culturalmente adecuada.
Junto a esta, también demandaron que no lleve a cabo el proyecto del autotrén que consideran innecesario e ineficiente para la movilidad y realidad de Tlaxcala para realizar acciones que mejoren la calidad de vida de la población sin afectar las condiciones ambientales y sin privilegiar la ganancia de actores privados. Para este fin, reunieron dos mil 953 firmas (mil 069 de hombre, mil 877 de mujeres y siete que no indicaron su sexo).
"Quienes suscribimos hoy este pronunciamiento exigimos al poder legislativo que atienda de manera adecuada y garantizando los derechos en la creación de una nueva Ley de Aguas de Tlaxcala, mientras que al Ejecutivo detenga la propuesta de Autotrén, además, demandamos que deje de utilizar la fuerza pública ante las protestas sociales y deje de criminalizar a las personas defensoras del medio ambiente, como ha sucedido con los defensores del bosque Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, quienes forman parte del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Le recordamos al gobierno estatal que es derecho de toda persona, sea individual o colectivamente, exigir el cumplimiento de sus derechos humanos y que los actos de protesta responden siempre a la incapacidad gubernamental para dar respuesta al cumplimiento de los derechos humanos demandados", culminaron los activistas.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario