Redacción (Tlaxcala, 25 de mayo de 2023) Legisladores de diferentes fuerzas políticas presentaron iniciativas en materia de víctimas, juicios administrativos y rastreo de dinero público, así como delitos de riesgo.
En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez propuso integrar el principio de inmediata respuesta en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala; a fin de garantizar la protección a víctimas y ofendidos, así como asegurar la restitución de sus derechos de manera prioritaria.
Por ello, planteó que los recursos de ayuda, siendo éstos aquellos recursos económicos provenientes del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, así como, la cobertura de gastos, hasta en tanto se superen las condiciones de necesidad relacionadas de manera directa con el hecho victimizante cuando éste derive de un delito o violación a derechos humanos, ambos del fuero federal.
Mientras que la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala a fin de que el juicio contencioso administrativo cuente con una ley específica, ya que el Legislativo ha sido omiso en cuanto a este medio de defensa para la impugnación de los actos de autoridades administrativas.
En la misma sesión, el legislador Jaciel González Herrera, presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con la finalidad de conocer el origen y destino de la captación de recursos públicos para su posterior identificación, administración, y control del mismo, así como la sanción en caso de un desvío de la conducta por quien tiene la obligación de cuidar los citados recursos de manera objetiva y transparente ante la sociedad.
De igual forma, esta reforma abarca los denominados delitos de riesgo, también llamados de peligro, que son tipos penales en los que el Estado reacciona imponiendo el castigo penal no ante la causación de un resultado material de daño o lesión sino ante el peligro de que ese daño material o lesión aparezca, o lo que es lo mismo, ante la probabilidad o la amenaza de la destrucción o menoscabo de aquello que quiere proteger, es decir, del bien jurídico protegido.
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