Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 12 de abril de 2023) El pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala ordenó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a atender solicitudes de información relacionada con la estadística de intervenciones a comunicación privada; también ordenó al ayuntamiento capitalino dar a conocer el contrato de arrendamiento de los vehículos utilizados como patrullas para seguridad pública.
En la sesión ordinaria celebrada este miércoles, la ponencia uno del comisionado Ángel Espinosa Ponce presentó el proyecto correspondiente al expediente 451/2022 en el que se pide revisar la respuesta de la PGJE a una solicitud de información sobre la estadística de comunicaciones privada que la dependencia aseguró que parte de ella es inexistente y otra más reservada sin acreditar las resoluciones que den cuenta de esto último. Por ello, ordenó que se atienda la solicitud en un plazo de 10 días hábiles y se acredite su cumplimiento.
Por unanimidad, el pleno del órgano garante también ordenó a los ayuntamientos de Tlaxcala y Tepeyanco atender solicitudes de información relacionadas, en el primer caso, con el destino de recursos de fondos federales en 2021; y en el segundo sobre informes de las regidurías. Asimismo, revocó recursos de revisión contra los ayuntamientos de Tepeyanco y Huamantla, así como de la Secretaría de Salud (SESA), luego de que éstos acreditaron haber brindado la información solicitada.
En tanto que la ponencia tres del comisionado Didier Fabián López Sánchez determinó que el ayuntamiento de Tlaxcala deberá presentar el contrato de arrendamiento de autos tipo patrulla, toda vez que no acreditó que se tratara de información reservada y tampoco que hubiera un procedimiento de auditoría que pudiera obstaculizarse al brindar este documento, como informó la unidad de transparencia.
La misma ponencia revocó la respuesta de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a la solicitud de información para que diera a conocer el estudio en el cuál se basó para el aumento de tarifa de transporte público el pasado 23 de diciembre. A ella, la dependencia respondió que el aumento se autorizó con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a la media nacional de tarifa y al nivel inflacionario en el estado; respuesta que no resultó satisfactoria al recurrente y que el IAIP determinó revocar toda vez que el estudio solicitado está contemplado en la ley que regula la actuación de la SMyT.
Además, el pleno validó proyectos presentados por el comisionado López Sánchez en los que ordena al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); así como de los ayuntamientos de Tepeyanco, Cuapiaxtla, Atltzayanca y Muñoz de Domingo Arenas quienes deberán responder a solicitudes de información. Mientras que los ayuntamientos de Xaloztoc y Papalotla acreditaron la entrega de información requerida.
Mientras que la ponencia de la comisionada presidenta Maribel Rodríguez Piedras presentó proyecto que fueron avalados por el Consejo General de IAIP Tlaxcala en los que da válido la respuesta a solicitudes de información del Instituto Estatal de la Mujer; así como de los ayuntamientos de Xaloztoc y Tepeyanco. Por el contrario, también ordenaron a los ayuntamientos de Panotla, Acuamanala, Tepeyanco, Contla y Tlaltelulco dar respuesta a información solicitada en un plazo máximo de 10 días.
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