Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 20 de febrero de 2023) La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno del estado garantizar el derecho a la manifestación de las mujeres que marchen el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y a establecer los mecanismos para atender las diferentes demandas del sector para una vida libre de violencia.
En conferencia de prensa, Miriam Martínez Sánchez, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de este partido en Tlaxcala, señaló que el Estado no ha implementado políticas públicas para erradicar la violencia y eso se ha reflejado en falta de resultados en casos de feminicidio, trata de personas, homicidios dolosos, desaparición de personas
"A unos días de que se efectúe la marcha conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el paro nacional del 9 de marzo, Un día sin mujeres; Acción Nacional reitera su compromiso en defensa de la vida de las personas durante todas las etapas, desde antes de nacer y por una vida libre de violencia, sobre todo, contra las mujeres", expresó.
La dirigente del blanquiazul aseveró que las acciones emprendidas desde el gobierno estatal en las últimas semanas como la creación de la Policía de Género representan un doble discurso ante las aseveraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa, respecto a que permitirán las manifestaciones en tanto no dañen el patrimonio.
"Desde el 8 de marzo pasado, hasta el que está por venir qué es lo que se ha efectuado verdaderamente con los colectivos, con las mujeres, con los que son víctimas. Éste es el trabajo que debe realizarse, no simplemente un protocolo, no simplemente recomendaciones previas a un evento que sabemos que llamará la atención; pero más allá de ello, qué políticas públicas está realizando el gobierno del estado, la Comisión de Derechos Humanos para entablar diálogo con los colectivos que han señalado que no han sido escuchados", abundó.
Martínez Sánchez adelantó que el PAN establecerá "puntos violeta" a través de sus comités municipales y comité estatal con la finalidad de sumarse a la atención a las mujeres víctimas de violencia de la mano de protocolos.
Por su parte, Carlos Quiroz Durán, secretario general del PAN, afirmó que la emisión de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno a los sucesos del 8 de marzo de 2022 es una forma de "curarse en salud", pero las instituciones debieron haber impulsado trabajado a lo largo del año con las organizaciones y colectivos.
Aseguró que este instituto político velará por los derechos de las mujeres y no permitirá que las "ocurrencias del gobierno estatal" empañen la lucha de las mujeres que buscan justicia ante la indolencia de la autoridad.
"Hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su titular, Jakqueline Ordóñez, para respetar y apegarse a la autonomía de la Comisión. Su compromiso es con la dignidad de las personas y con las víctimas de violaciones a sus derechos , no operar a conveniencia del gobierno estatal, pues en conjunto las expresiones de violencia y linchamientos, ilustran la falta de capacidad para mantener el uso de la fuerza y el control sobre el territorio estatal", apuntó.
En casos de linchamiento, se debe favorecer el diálogo
De igual forma, el secretario general del PAN consideró que el protocolo de actuación policial ante los linchamientos son característicos de un gobierno opresor debido a que se prevé el uso de armas de fuego entre el personal de seguridad en caso de que los pobladores también las porten; puesto que -dijo- anticipa que fallará la comunicación con los inconformes.
"Forzosamente es la Secretaría de Gobierno es la que tiene la responsabilidad de atender este tipo de manifestaciones donde existe por parte de la ciudadanía algún reclamo y canalizarlo a las instancias competentes para que se resuelva sin problema", precisó.
Respecto a si han fallado las autoridades municipales en atender el problema de linchamientos, Carlos Quiroz detalló que en 2022 hubo 16 intentos en los municipios Chiautempan, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Zacatelco, Zacualpan, Ixtacuixtla, Tlaxcala, Huamantla, Xicohtzinco, Tlaltelulco, Xiloxoxtla, Teolocholco, Huactzinco, Tepetitla, Tequexquitla y Nopalucan.
Mientras que si apoyarían la propuesta de Ramón Celaya para impulsar el mando único en el estado y tipificar como delito los linchamientos, Miriam Martínez destacó que los municipios se han quedado solos frente a la delincuencia, sin personal suficiente, equipamiento o capacitación; por lo que es importante establecer coordinación con las áreas de seguridad de los ayuntamientos desde la administración estatal.
"Ellos son los primeros respondientes y es en ese caso, justamente, cuando se puede dar un tema de linchamiento por la falta de capacitación, por la falta de armamento, por la falta de operatividad; pero sobre todo por la falta de coordinación del gobierno del estado con la policía municipal. Mientras no exista esta comunicación, una medida, una estrategia, seguirán los actos delictivos y las sociedad seguirá desconfiando de las autoridades", puntualizó.
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