Plantea Rubén Terán regulaciones sobre archivo general e histórico de Tlaxcala

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 26 de enero de 2023) El diputado Rubén Terán Águila presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala a fin de regular el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) como institución encargada de recabar y almacenar la memoria documental de las instituciones públicas; en atención a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la creación de un registro estatal de archivos.

    En la sesión ordinaria celebrada este martes, el morenista propuso derogar aquellas disposiciones de la ley a fin de eliminar el registro estatal de archivos que originalmente contemplaba la norma y trasladar sus atribuciones a un Archivo General e Histórico que será un "organismo descentralizado y no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines".

    Este organismo tendrá domicilio en la ciudad de Tlaxcala y se integrará con una dirección general, un órgano de vigilancia, un consejo técnico y científico archivístico, y un órgano de gobierno  estará integrado por un miembro de las secretarías de gobierno, finanzas, educación pública, cultura y educación pública.

    Asimismo, determina que el patrimonio del archivo histórico estará integrado por recursos asignados anualmente conforme al presupuesto de egresos, los ingresos que se generen por la prestación de su servicio; así como por ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera.

    En su exposición de motivos, el legislador destacó que los archivos son un medio para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y como memoria de los mecanismos para ponerlos en práctica; por lo que es importante que se regule la labor de quienes realizan la tarea de gestionarlos y preservarlos.

    Asimismo, puntualizó que con base a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las entidades carecen de facultades para crear un registro estatal de archivos; por lo que también agregó la obligación de los entes estatales de anotar su documentación en el Registro Nacional de Archivos.