Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 30 de enero de 2023) Esta mañana tuvo lugar la primera comparecencia con motivo del primer informe de actividades de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en la que Ernestina Carro Roldán, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) destacó acciones en mantenimiento de instalaciones, contratación de personal y transparencia; pero esquivó hablar de casos específicos de feminicidio y tortura.
A las 11:01, inició el encuentro a puerta cerrada que estuvo encabezado por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; en la que 12 legisladores de distintos grupos parlamentarios formularon preguntas (muchas de ellas repetidas) que en su mayoría fueron contestadas con los datos que la funcionaria había vertido previamente.
Tanto el diputado Juan Manuel Cambrón Soria como la diputada Blanca Águila Lima entregaron un documento remitido por activistas que se manifestaron al exterior del Palacio Legislativo en el que cuestionaron el ejercicio de recursos; el número de ministerios públicos en materia familiar, médicos mujeres, litigantes de oficio, peritos; feminicidio, delitos contra mujeres que fueron resueltos por canales alternativos; y unidades móviles del ministerio público y su actuación.
Entre los legisladores que formularon preguntas, el diputado Cambrón Soria se refirió a diversos apartados del informe de gobierno donde señaló incongruencias en las cifras, cuestionó que la creación del archivo del para PGJE permita a las víctimas el acceso a sus carpetas de investigación; el registro de víctimas de trata de personas y de feminicidio; los avances para investigar el robo de autopartes, la desaparición de personas y la tortura; el rezago en la obtención de sentencias. Además, del proceso que se sigue contra Pedro N, quien presuntamente se encuentra inculpado arbitrariamente por homicidio; sobre quienes detonaron un explosivo en un Banco del Bienestar en Apizaco; si quien está preso por el homicidio de Omar Milton realmente es culpable; los casos de Ana Laura y Donaji; así como si está a favor de que la procuraduría se convierta en una fiscalía autónoma.
Luego de que el diputado Covarrubias Cervantes resaltara que habían sido más preguntas de las contempladas y sugiriera que la funcionaria respondiera tres en el momento y por escrito el resto; insistió en que no es de competencia de la PGJE los casos de delincuencia organizada, que no hay más denuncias por trata de personas o feminicidios. Mientras que sobre la fiscalía, comentó que lo más importante es que las investigaciones se desarrollen con transparencia y sigan el control judicial desde el momento de la denuncia.
El perredista reviró que sus preguntas no fueron respondidas y se pronunció porque en el futuro el formato de las comparecencias sea más flexible para permitir la interlocución. A ello se sumó la diputada Blanca Águila Lima (PRI), quien insistió en que se explicara porqué no hay delincuencia organizada y qué acciones han tomado para prevenir la trata de personas. También mostró imágenes de unos presuntos oficios de la Fiscalía General de la República (PGR) y de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) para señalar que no cumple con exámenes de control de confianza.
Al respecto, Ernestina Carro insistió en que corresponde a la FGR atender casos de delincuencia organizada y la PGJE se ha declarado incompetente en estos casos; mientras que la prevención en materia de trata de personas parte de las denuncia, de la atención de un grupo interdisciplinario y consideró necesario revisar la norma en materia de prostitución. También rechazó la acusación de no contar con el examen de control de confianza, pues aseguró que se sometió a evaluación económica, médica, familiar, psicológica, entre otras durante el mes de agosto. Esta versión fue reforzada por un comunicado del gobierno estatal.
En tanto que a la diputada Mónica Sánchez Angulo demandó saber sobre las acciones para atender denuncias de forma permanente por violencia de género. En este sentido, la procuradora refirió que trabajan en dignificar espacios para que las víctimas no tengan que trasladarse a otro municipio; comentó que han trabajado en protocolos y han habilitado atención las 24 horas.
También hicieron uso de la voz los legisladores Lenin Calva Pérez, quien le pidió información sobre el secuestro de una familia en los primeros días de diciembre y en el participaron militares; Brenda Cecilia Villantes retomó el tema de feminicidios y narcomenudeo; Jaciel González Herrera sobre capacitación en derechos humanos, trata de personas y violencia de género; Reyna Flor Baez Lozano respecto al control de las carpetas de investigación; Laura Alejandra Ramírez Ortiz, sobre los mecanismos para presentar denuncias; Covarrubias Cervantes sobre la creación de plazas laborales en la PGJE; José Gilberto Temoltzin Martínez respecto a las sentencias condenatorias; Diana Torrejón Rodríguez, sobre la diferencia en el número de denuncias y carpetas de investigación; y Gabriela Esperanza Brito Jiménez por la reciente agresión al periodista Edgar Juárez; a todos ellos, la procuradora respondió con información que previamente ha sido dada a conocer por la PGJE o por el gobierno del estado.
En su intervención previa a los cuestionamientos, Carro Roldán resaltó trabajos para la rehabilitación de espacios en la procuraduría y unidades desconcentradas que -aseguró- encontró el mal estado; actividades en materia de transparencia como la creación de un archivo para que el personal tenga certeza donde están los expedientes y la inscripción al Archivo General de la nación, situación que le valió el 100 por ciento de cumplimiento ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP).
De igual forma, refirió que el desarrollo profesional de ministerios públicos, peritos y policías de investigación ha sido una prioridad para mejorar el trabajo, promover el respeto a los derechos humanos, evitar malas prácticas y transparentar las investigaciones.
Sobre la incidencia delictiva, la procuradora comenzó por destacar que la pandemia de Covid-19 cambió los escenarios; de modo que en la mayoría de los casos presentó cifras comparativas de 2018, 2019 y 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).Se refirió tanto a la incidencia general como al fenómeno de trata de personas, homicidio doloso y violación de los cuales mostró una tendencia a la baja.
Respecto a trata de personas, la titular de la PGJE afirmó que es un fenómeno que no evaden ni invisibilizan, sino que reconocen como un problema complejo cuyas víctimas requieren de acompañamiento para llegar a un albergue y que puedan continuar con su proceso judicial; en este sentido, refirió que los dos casos reportados en 2021 y el de 2022 ya se encuentran ante un juez de control, además de que lograron una sentencia.
De igual forma se refirió a acciones para atender la violencia contra las mujeres, de la cual hay 247 carpetas de investigación, el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) atiende a cuatro mil 764 usuarias; además de la puesta en marcha de sus oficinas derivado del acceso a programas federales. Mientras que en los casos de feminicidio, reportó un repunte durante la pandemia y aseguró que los casos registrados en 2022 ya se encuentran judicializados y que han analizado las carpetas de investigación.
Asimismo, indicó que a través de medios alternativos de solución de controversias, recuperaron 69 millones de pesos más; cifra que supera a los 57.8 millones de pesos recuperados en favor de las víctimas durante la administración anterior.
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