Pequeños productores requieren de programas productivos, no asistencialistas: CAP

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 20 de diciembre de 2022) El coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), Sergio Sarmiento Rodríguez, convocó a campesinos, productores, organizaciones sociales e instituciones públicas a conformar un acuerdo social en favor del sector agrario en Tlaxcala y a definir una política clara y alejada del asistencialismo en favor de pequeños productores.

    Al presentar la agenda de trabajo que guiará a la agrupación que congrega a diversas organizaciones campesinas en el estado, el nuevo dirigente indicó que plantearán tres principales propuestas al Congreso del Estado con la finalidad de abonar a la productividad del campo y a mejorar las condiciones de vida de quienes laboran en este sector.

    

    En primer término, propondrán la creación de un instituto para el desarrollo agropecuario que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio; en el que participen los sectores académicos y productivos para estrategias para el campo, presentar planeas maestros y propuestas de infraestructura productiva y social, impulse el desarrollo tecnológico, genere propuestas para el financiamiento de los productores, emita políticas diferenciadas y reglas de operación claras.

    Recalcó que con ello buscan que la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) se limite al acompañamiento técnico y fiscalización de recursos. "Esto dará paso a tener instituciones renovadas, desburocratizadas, ágiles, modernas, capaces de responder a las necesidades y problemas del sector agrario Tlaxcalteca", explicó. 

    Sarmiento Rodríguez también planteó la creación de una Ley de Certidumbre en la Tenencia de la Tierra que no solo garantice la legalidad de los predios, sino que a través de ella les permita a acceder a créditos. Para ello, propone cambiar los actuales de "organización productiva: inducir la reconversión, la economía de traspatio, la apicultura; la agricultura por contrato; la compactación de las pequeñas parcelas ejidales para impulsar modernas empresas sociales, donde se propone un esquema de asociatividad con el gobierno en una estrategia de riesgos comunes".

    Por último, planteó que el reajuste trimestral por excedentes petroleros sea aplicado a programas del campo con la finalidad de ayudar a más a quienes menos tienen y dejar a un lado las ambigüedades en la aplicación de recursos y evitar la corrupción en el ejercicio de éstos por parte de los municipios; puesto que prevén tendrán un crecimiento significativo derivado de las tensiones geopolíticas en Europa.

    "Es importante las acciones de obra pública en los municipios, puesto que detonan el desarrollo y la modernidad, pero es más relevante contar la seguridad agroalimentaria. Es ahí donde se tiene que fortalecer nuestra propuesta por el seguro integral del campo, en un esquema de participación del 40% por ciento federal; 40 por ciento, estatal; y 20 por ciento aportación del productor, donde su aportación del productor sea considerada su mano de obra", puntualizó el coordinador del CAP.

    Abundó que si bien el sector del campo no siempre se ve rentable en sí mismo, es estratégico porque  asegura la estabilidad social y autosuficiencia alimentaria. Por ello, es importante que las organizaciones campesinas busquen nuevas opciones para incrementar la producción y la productividad, así como para el bienestar de las familias al elevar los ingresos.

    Sergio Sarmiento comentó que esta propuesta está construida a partir de la participación de quienes forman parte del CAP y reconoció que la permanencia en la organización tiene como finalidad evitar que "los campesinos sean derrotados desde el surco por políticas que los ponen en desventaja en los espacios de la competitividad. Estamos conscientes que nadie del sector agropecuario se salvará de la pobreza, siguiendo el complejo camino del individualismo".

    Recalcó que las alianzas son vitales para impulsar el desarrollo, por eso convocó a renovarse,  a propiciar el interés de la sociedad en los temas del campo y trabajar para que el gobierno asuma esta obligación constitucional de acabar con la desigualdad y la pobreza en el sector.

    "Hasta ahora, los pequeños productores del estado, no han tenido los espacios para discutir sus demandas, ni menos la fuerza política para lograr que sus problemas sean atendidos con eficacia. No hay en el Estado una política clara para el pequeño productor que no sean los programas asistencialistas. En la formulación de los planes de desarrollo, los pequeños productores no son tomados en cuenta porque son los no requeridos por el mercado; son los insignificantes, al mismo tiempo se minimiza la voz de las mujeres productoras", puntualizó.