Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 20 de diciembre de 2022) La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación General 02/2022 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así como a los ayuntamientos de Chiautempan, Mazatecochco y Nopalucan a fin de que instrumenten áreas, protocolos y acciones que prevengan linchamientos o en su caso la atención a estos.
Derivado del análisis de cinco expedientes de queja (dos de 2019 y tres de 2022) por la omisión de brindar protección, auxilio y seguridad pública de maneta oportuna, la CEDH determinó que hubo violaciones a los derechos a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal en este tipo de eventos donde tienen lugar actos violentos en contra de personas con inferioridad numérica.
Por esta razón, la recomendación tiene como objetivo que las autoridades involucradas cuenten con información útil para el reconocimiento de estas situaciones y que derivado de ello se generen políticas públicas que permitan prevenir y erradicar toda forma de violencia cometido por una multitud, en el entendido de que la Constitución Federal prohíbe que cualquier persona pueda hacer justicia por sí misma; así como promover cambios en disposiciones normativas y prácticas administrativas relacionadas con estos casos.
“En un escenario de hechos relativos a los linchamientos, se debe procesar legalmente a los responsables y evitar estigmatizar a toda la población, ya que en ocasiones los agresores en un linchamiento pueden afectar a personas inocentes de los delitos que sospechan cometieron, violentando con ello el principio pro persona en la víctima, quien es prejuzgada por toda la opinión pública, alterada por las informaciones vertidas por los vecinos, familiares o amigos, así como la información mediática”, señaló la CEDH en la recomendación.
Para ello, consideró que es necesario garantizar el buen funcionamiento de la autoridad, la función de cuerpos de seguridad, y la correcta aplicación de la ley, puesto que los casos de linchamiento suelen derivar del hartazgo ante la delincuencia; por lo que es importante reducir la impunidad tanto en la comisión de delitos en general como en los que involucran los linchamientos.
De igual forma, el organismo se pronunció por realizar las investigaciones necesarias para garantizar la procuración de justicia en estos asuntos que tienden a perderse debido a que la persona afectada, de ser entregada a la justicia, no puede reconocer a los responsables
Por ello, recomienda crear áreas o realizar las mejoras operativas y materiales que llevan a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, sin discriminación y con perspectiva de género.
"Cada uno de los expedientes, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, fueron calificados por violaciones a los derechos humanos a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, por la omisión de brindar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna que derivó en acciones tendientes a linchamientos en el estado de Tlaxcala", indicó la institución.
Por lo que respecta a la SSC, recomendó implementar un programa con perspectiva de derechos humanos y de género para prevenir, controlar y atender el fenómeno de linchamientos; realizar jornadas de difusión y fomento a la cultura de la legalidad y denuncia, especialmente en municipios donde haya habido incidentes; revisar el Protocolo de Actuación para Prevenir y Atender casos de Linchamiento en el que se privilegie la coordinación de las autoridades, la definición de la cadena de mando, debida diligencia, reparación del daño y atención a víctimas; así como instruir al Consejo de Honor y Justicia de la dependencia para iniciar un procedimiento administrativo sancionador a los elementos que hayan sido omisos en su actuar.
Mientras que a Leandra Xichténcatl Muñoz, presidenta municipal de Mazatecochco, así como a los alcaldes Gustavo Jiménez Romero y Pedro Pérez Vázquez, de Chiautempan y Nopalucan, respectivamente; les instó a hacer efectiva la reparación del daño a víctimas indirectas y a coadyuvar para el desahogo de las investigaciones que realiza la PGJE.
A todos los presidentes y presidentas municipales, la CEDH las vinculó para que colaboren con la SSC en acciones de prevención y atención al fenómeno de linchamiento e intentos de ellos; a implementar estrategias de difusión y concientización a la población en materia de legalidad y respeto a la dignidad a fin de disuadir la violencia colectiva; instrumentar capacitaciones a personal del ayuntamiento (principalmente de seguridad pública) sobre estos temas y en cuanto al Protocolo de Atención en la materia.
También, "que las Direcciones de Protección Civil, Obras Pública y/o Infraestructura y Seguridad Pública del municipio a su cargo, inspeccionen y dictaminen sobre las condiciones de seguridad de la Dirección de Seguridad Pública, Comandancias Municipales y Presidencias Municipales, debiendo informar las áreas de oportunidad para garantizar y establecer los mecanismos y recursos necesarios para hacer exigibles y justiciables los derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como el derecho a la vida de las personas que se les señala algún hecho con apariencia de delito, en tanto son puestas a disposición de autoridad competente y sin que implique menoscabo alguno a quienes refieran ser víctimas de dichos hechos".
A la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, le recomendó instruir a los agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento de hechos con apariencia de delito relacionados con casos de linchamiento o intentos de estos para que den trámite a las carpetas de investigación conforme a derecho.
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