Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de septiembre de 2022) La diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas en el Congreso del Estado, afirmó que legislar a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) no incrementará los casos, sino que garantizará que se efectúen en condiciones seguras para las mujeres.
"Con esta iniciativa no se van a incrementar la cantidad de abortos ni la frecuencia con la que se practican, con esta iniciativa estamos respetando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos", afirmó durante la presentación de la Agenda de Trabajo resultado del foro Retos y Perspectivas de los Derechos de las Mujeres en Tlaxcala.
La legisladora petista recordó que la primera demanda para despenalizar el aborto la inició el Frente Único por Derechos de las Mujeres a partir de razones sociales y económicas en 1935; a fin de garantizar una maternidad libre y voluntaria.
En este sentido, puntualizó que mantener el aborto en el código penal como un delito no impide que estos se lleven a cabo ni reduce su práctica; pero sí lleva a las mujeres a la clandestinidad en espacios donde la higiene no es adecuada, corren mayores riesgos y no ofrecen información sobre otras alternativas para su proyecto de vida.
Ruiz García recordó que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud y al Código Penal para despenalizar el aborto; puesto que es una obligación de los legisladores locales armonizar la ley conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para brindar certeza jurídica y evitar confusiones en la aplicación de la ley.
A propósito, recordó que la Corte ha establecido que las normas no deben orientar todos los valores éticos de la sociedad, sino aquellos necesarios para la convivencia; es decir, asegurar un ámbito material que facilite la elección de lo que se desea ser o hacer en el marco de la libertad humana.
"No es lo mismo jurídicamente posible a lo moralmente correcto", recalcó. Por esta razón, en la acción de inconstitucional de 148/2017, la SCJN determinó que no corresponde al Estado establecer normas para obligar a continuar o interrumpir el embarazo, ya que esta decisión corresponde a una esfera personal determinada por condiciones físicas, médicas, familiares, sociales y económicas.
Finalmente, la diputada Lorena Ruiz enfatizó que no se trata de creencias religiosas o morales; sino del respeto a la autonomía de cada persona y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
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