Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 28 de septiembre de 2022) Víctimas directas e indirectas de diversos delitos exigieron justicia y atención de las autoridades para cada uno de sus casos, pues aseguraron que no hay empatía ni respeto a sus derechos.
Esta mañana se efectuó el foro "Testimonios de la Red Estatal de Víctimas en Tlaxcala" en el Patio Vitral del Congreso del Estado, evento en el que Efrén López Hernández manifestó que las familias han quedo en indefensión ante autoridades que parecen proteger más a los agresores que a las víctimas y en un sistema que dan oportunidad a personas como el presunto feminicida de su hija Cecilia N para que puedan reducir su condena.
Indicó que ante la falta de atención, han conformado esta red con más de 30 personas que están detenidas injustamente, familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y diversas formas de violencia; por lo que este foro es el inicio de una serie de acciones que emprenderán para hacer visibles tanto sus casos como las deficiencias en el sistema de justicia.
A continuación, Marisela narró que su hija Marisela Itzel se encuentra detenida y vinculada a proceso debido a que su ex esposo la señaló de 14 delitos (lesiones, abuso sexual, omisión de cuidado, contra la formación de personas menores de edad, pérdida de la patria potestad, abuso se confianza, robo, falsificación de documentos, violencia familiar) después de que decidiera separarse de él debido a la violencia que ella y sus dos hijos padecían y pese a que existía una denuncia por estos hechos en contra de Rigoberto N. Asimismo, afirmó que teme por la vida de su hija, debido a que el imputado compró un seguro de vida para ella, con él como único beneficiario; además de amenazarla de muerte.
Por su parte, Laura clamó justicia y que su agresor regrese a prisión preventiva, pues explicó que su proceso ha tenido una serie de irregularidades desde que la autoridad jurisdiccional pretendió reclasificar de violación a tentativa de violación, pese a que estuvo a punto de perder la vida derivado de la agresión y finalmente modificó la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, lo que hace temer por su integridad.
Al hacer uso de la voz, Guadalupe comentó que ella misma ha tenido que investigar y buscar indicios sobre la desaparición de su hijo Gilberto, en marzo de 2018, debido a que las autoridades no tienen tiempo ni espacio para buscarlo, pese a las pruebas que ha aportado y a que ha solicitado la intervención de colectivos buscadores de personas desaparecidas.
En su intervención, Miguel Ángel indicó que su familia se siente desprotegida ante las diversas agresiones que han sufrido en su propia cada por parte de sujetos que la han allanado para robarles, golpearles y amenazarles en diversas ocasiones, pese a contar con medidas cautelares; por lo acusó contubernio con las autoridades que hasta el momento no han intervenido y si bien aseguró que tuvieron acercamiento con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, no ha cambiado la situación.
Por otra parte, Irma explicó que no ha habido respuesta de las autoridades en Tlaxcala para actuar sobre la expareja de su hija y su familia, quienes la involucraron en la trata de personas con fines de explotación sexual durante tres años; por lo que si bien dijo sentirse tranquila de tenerla y a sus nietos con ella, también se manifestó preocupada porque la directora del Centro de Justicia para Mujeres afirmó que habían negociado para el rescate de los menores y lo que ello podría significar para la integridad de sus seres queridos si no se hace justicia. Por ello, responsabilizó a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, si sufren de algún daño.
Al usar el micrófono, Óscar narró el peregrinar que ha vivido su familia luego de que su hijo fuera inculpado de secuestro y sentenciado a 90 años de prisión en contra de una persona que ha reconocido que no sufrió tal situación; sino que fueron elementos de seguridad de Apizaco quienes lo golpearon luego de atender una llamada de emergencia por una riña, y resaltó que pese a que ha solicitado apoyo a diferentes autoridades estatales y federales, no ha habido respuesta.
En tanto que Carolina afirmó que la impartición de justicia es deficiente y las puertas de las víctimas permanecen cerradas, pues a pesar de que presentó denuncia por lesiones ocurridas el 13 de octubre de 2018, no ha habido un avance; por el contrario, se reclasificó la denuncia a tentativa de lesiones, pese a presentar secuelas que -aseguró- son irreversibles. De igual forma, indicó que ha iniciado una nueva denuncia por amenazas en contra de su familia e iniciaron un proceso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por abuso de autoridad.
Mientras que Yeny Charrez Carlos indicó que las activistas a menudo también son víctimas de violencia y resaltó que hay deficiencias en las instituciones que muchas veces no se dan abasto para atender los diferentes casos y a que los servidores públicos terminan por revictimizarlas; por lo que lamentó que las autoridades actúen únicamente cuando hay presión social, lo que les ha llevado a organizarse para manifestar su inconformidad contra el tráfico de influencias, abuso de autoridad y rezago en el trabajo de procuración e impartición de justicia.
Finalmente, Patricia, quien dijo ser docente agremiada a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y quien resultó afectada en noviembre de 2021 cuando el autobús para transporte de personal en el que viajaba volcó, denunció que ha vivido hostigamiento y persecución por parte de autoridades educativas, quienes le han retenido pagos, aplicado descuentos y pretendieron cambiarla de adscripción mientras estaba de incapacidad; situaciones por las que su sindicato no la ha respaldado.
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