Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 28 de abril de 2022) A través de un comunicado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que radicó una queja contra el director operativo de la Policía de Investigación, así como contra los elementos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que resulten responsables por las lesiones ocasionadas a un detenido presuntamente involucrado en la desaparición de Ana Laura N; mismas que derivaron en su muerte cerebral.
Esta mañana, la PGJE informó que la detención se efectuó el miércoles 27 de abril y que inició una investigación a fin de deslindar responsabilidades; pues enfatizaron que el gobierno estatal no tolerará violaciones a derechos humanos.
La CEDH radicó el expediente CEDH/PVG/43/2022 por estos hechos que, refirió, implican posibles violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal de esta persona del sexo masculino que policías de investigación del Grupo Antisecuestro de la Procuraduría detuvieron por su presunta participación en el caso de Ana Laura N., mujer originaria de Huamantla que desapareció el pasado 4 de abril
"La persona detenida fue presuntamente golpeada hasta ocasionarle muerte cerebral, motivo por el cual se encuentra en trámite la investigación por presuntas violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, en contra del Director Operativo de la Policía de Investigación, de los policías de Investigación que ejecutaron la detención y de quien o quienes resulten responsables, todos adscritos a la PGJE", se lee en el documento.
Para ello, la CEDH indicó que el Secretario Ejecutivo, el Visitador Generar, un defensor de derechos humanos y una médica perito acudieron tanto al Hospital General de Tlaxcala como a la PGJE para realizar las indagatorias pertinentes; además de solicitar un informe al C4.
El órgano autónomo instó a las autoridades a ceñirse a la verdad y justicia para que se esclarezcan los hechos y se identifique a las autoridades que puedan estar involucradas por acción u omisión en este caso.
"Es de precisar que conforme al principio constitucional de interdependencia de los derechos humanos, el asunto en cuestión recobra principal interés, pues es el Estado el que debe prestar igual atención para garantizar los derechos de las víctimas de la causa penal de la que derivó la orden de búsqueda, aprehensión y detención, que comprenda el derecho a la reparación integral, y también deberá comprender el derecho a la verdad, por lo que se requiere un trabajo interseccional por parte de los agentes del Estado", destacó la Comisión.
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