Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 23 de agosto de 2021) Luego de que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) del Estado de Tlaxcala rechazara la recomendación 01/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este organismo indicó que se mantiene firme en ella.
La CEDH lamentó la negativa a acatar este resolutivo que, entre otros, se dio por violencia de género; máxime cuando la respuesta llegó al día siguiente de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala, "que entre otros objetivos busca eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia derechos humanos de las mujeres".
Cabe recordar que IAIP Tlaxcala, a recomendación de la Comisión, debe presentar una denuncia para calificar las faltas administrativas, reparar el daño económico derivado las violaciones a derechos humanos y brindar atención psicológica a la ex presidenta, entre otras.
La CEDH explicó que si bien es respetuosa, no comparte la postura y los razonamientos para no aceptar la recomendación emitida por violaciones a diversos derechos de Marlene Alonso Meneses, ex comisionada del órgano garante, por parte de los también ex comisionados José David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín; puesto que los planteamientos de su resolutivo están "debidamente fundados y motivados".
"En el caso concreto de la recomendación 01/2021, al tratarse de un resolutivo que toca temas sensibles como la violencia de género, y que no tiene precedentes en el estado, resulta predecible pero injustificable la resistencia de las autoridades a aceptarla", señaló la CEDH a través de un comunicado.
En este sentido, precisó que si bien los ex comisionados ya no laboran en el IAIP Tlaxcala, éste debe garantizar los derechos humanos e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para investigar y sancionar con autonomía y de acuerdo a sus facultades.
Ante lo aceptación, la CEDH puede solicitar al Congreso del Estado que comparezcan las autoridades y servidores públicos responsables para que expliquen el motivo de su negativa; mientras que la víctima, quien ya ha sido informada, podrá impugnar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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