Francisco Javier Juárez Castilla (junio 2020) La
llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder con el respaldo de 33 millones
de votantes, con la austeridad como premisa de gobierno bajo el lema de
“primero los pobres” y con las crisis derivadas del Covid-19, la administración
federal ha privilegiado apoyar la inversión en proyectos que generen empleos,
bienestar a la población; pero en detrimento del medio ambiente.
¿Por
qué lo digo? En primera instancia porque ha recortado la inspección por parte
de la autoridad ambiental a los diferentes establecimientos industriales y de
servicios, y sólo se han enfocado en mantener los programas que no requieren
mayor seguimiento como Industria Limpia, la de Impacto Ambiental y, sobre todo,
el programa estrella de gobierno: Sembrando Vida.
Eso
puede hacer que las empresas no cumplan con todos los trámites que deben de
realizar ante la SEMARNAT o CONAGUA. Y lo que es peor, que la delincuencia
organizada se meta aún más en la parte de delitos ambientales tales como la
tala de árboles, extracción de tierra de monte, tráfico y venta de especies
protegidas y materiales pétreos.
Asimismo,
la falta de inspección por PROFEPA podría generar que los proyectos como Tren
Maya, Refinería Dos Bocas, el tren Transístmico sean mal desarrollados por las
empresas ganadoras de las licitaciones. Con ello, políticos de la oposición
tendrán más argumentos para decir que fue un error votar por un cambio.
Sin
embargo, el programa sembrando vida es loable, el hecho de que se apoye al
campesino a la resiembra de árboles frutales y maderables es a mi parecer, algo
que era urgente de desarrollar en muchas partes del país, donde la gente
literalmente muere de hambre.
Sin
embargo, este programa debe de ir acompañado de otras cosas más: programas
relacionados con bonos verdes, el generar industria silvícola sustentable como
en zonas del estado de Oaxaca o Durango; sobre todo, que biólogos e ingenieros
forestales hagan el acompañamiento debido a estos proyectos para lograr su
éxito.
En
palabras de Alfredo Jalife Rahme, urge la instalación de una Súper secretaría
de investigación y tecnología que también privilegie el desarrollo nacional. En
este caso, para el desarrollo de proyectos de restauración y que empresas
puedan exentar impuestos al financiar estos proyectos.
En el
caso de los proyectos de STPS, dirigido por Luisa María Alcalde, es sumamente
equilibrado. El proyecto se enfoca solo en dos cosas: en mejorar las
condiciones de trabajo mediante la aniquilación de los llamados outsourcing, y
en segundo lugar dando las facilidades a las empresas para incorporar mano de
obra mediante los becarios jóvenes construyendo el futuro.
El
problema de esto es que el monto que a STPS se le ha dedicado es sumamente
mayor que a SEMARNAT, y con ello preocupa que solo se privilegien la industria
o el comercio, en detrimento del campo y el cuidado del ambiente, bajo la
primicia de primero los pobres.
La
conclusión de este comentario es simple: el gobierno de la 4T debe de modular
ambas cosas con sumo cuidado. Una vez que la emergencia sanitaria pase, la
administración de AMLO debe de continuar con los programas que ha implementado,
pero sin olvidar que la inspección es necesaria para el estado de derecho en
materia ambiental y para el desarrollo equilibrado del país. Un México que aún
sueña con un cambio verdadero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario