Zurya Escamilla Díaz
(Tlaxcala, Tlax., 6 de febrero de 2018) Ciudadanos del municipio de Ixtenco
anunciaron que solicitarán al Congreso del Estado que el alcalde Miguel Ángel
Caballero Yonca sea suspendido de sus funciones.
Esto, en virtud de lo que calificaron como una “política de
terror” que el presidente municipal ha emprendido en contra de los habitantes
de esa comuna con presuntos actos represivos y por la opacidad en el manejo de
recursos públicos.
Aseguraron que han incrementado hasta en mil por ciento el
cobro de derecho de piso para comerciantes y mostraron recibos en los que se
lee que anteriormente les cobraban 300 pesos y ahora tres mil 200.
Asimismo, manifestaron que se ha incrementado el robo de
autos y asaltos a mano armada; en tanto que algunas patrullas están destinadas de
manera exclusiva al cuidado del alcalde y de sus familiares.
También se inconformaron porque han sido negados los apoyos
para el traslado de enfermedades crónicas y con capacidades diferentes; mismos
que forman parte de un programa por parte del DIF, cuya presidenta honorífica
es Ofelia Yonca Rojas, madre del alcalde.
El argumento fue que, si bien las unidades eran parte del programa,
el conductor no era pagado por el ayuntamiento y estaba a su servicio; por lo
que si desean utilizar el servicio para un traslado fuera del estado deben
pagar tanto gasolina como casetas.
Diana Cecilia Domínguez, ciudadana participante del comité,
también denunció que la administración municipal de Ixtenco ha emprendido una “política
misógina de e trabajadoras y mujeres que han exigido el cumplimiento de las
funciones que competen a la autoridad municipal”, mediante perfiles falsos en Facebook.
Esta tarde, informaron, sostendrán una reunión con diputados
locales para exponer su problemática y pedir la remoción del presidente. De lo
contrario, dijeron, hacen responsable al Legislativo de los actos que se puedan
suscitar en el municipio.
Pedirán también que se ejecute una auditoría al ayuntamiento
para conocer el destino de recursos públicos federales, estatales y
municipales; puesto que se les impidió el ingreso al informe de gobierno que
presentó en enero.
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