Redacción (Tlaxcala, Tlax., 22 de diciembre de 2017) Para garantizar que el servicio público de transporte en Tlaxcala, en su modalidad de taxi, sea moderno, eficiente y, principalmente, seguro, este jueves 21 de diciembre entró en vigor el “Acuerdo que establece el programa para reordenar el servicio público individual de pasajeros (Taxi)”.
Tras su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se establecen los requisitos y condiciones que deben cubrir los prestadores del servicio para generar seguridad, certeza, transparencia, modernidad y eficiencia, en beneficio de los tlaxcaltecas, bajo las siguientes premisas:
El carácter público del servicio de traslado no lo otorga el origen del vehículo, sino la explotación de las vías estatales de comunicación. Es decir, el hecho de que un vehículo que brinda servicio de traslado sea propiedad de un particular no lo hace servicio particular; sin embargo, explotar las vías de comunicación con fines comerciales sí lo hace público.
La prestación de servicio público de transporte sin autorización alguna representa un hecho constitutivo de delito, tanto para quien posee la unidad como para quien la conduce. Lo anterior de conformidad con el artículo 396 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que entró en vigor en el año 2013.
Derivado del exceso de unidades de transporte público en comparación con la demanda, en el año 1999 el Ejecutivo Local emitió un Decreto por el que se suspendió indefinidamente el otorgamiento de concesiones, permisos y autorización para el servicio público de transporte de pasajeros en todas sus modalidades.
Cabe resaltar que en este Acuerdo emitido por el Titular del Ejecutivo del Estado, se ha priorizado la seguridad de los usuarios, toda vez que en el caso de las unidades que operan sin concesión, no hay manera de conocer la información del vehículo, conductor, ni del servicio que presta, razones que ponen en riesgo la integridad y la seguridad del usuario, además de dificultar la labor de investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado en caso de la comisión de un delito.
En el caso de las aplicaciones móviles por las que se contactan vehículos para la prestación del servicio de transporte, en la actualidad no existen los elementos técnicos ni legales para una regulación adecuada.
Aunado a lo anterior, aplicaciones líderes de este tipo de servicio a nivel mundial han registrado deslinde de sus responsabilidades ante los usuarios y ante sus propios operadores, recientemente establecido en sus términos y condiciones, lo cual resulta inaceptable a la luz de cualquier estudio legal. Más allá de tratarse de aplicaciones, las plataformas tecnológicas representan un servicio de transporte.
De esta manera, la Secte asume el compromiso de modernizar el servicio público de transporte, establecer tarifas objetivas para la prestación del mismo a través de taxímetros o por zonas, fijando como prioridad la integridad física, la seguridad jurídica y el beneficio cualitativo y económico del usuario.
Es importante mencionar que dicho acuerdo establece categóricamente que “No se regularizará ni autorizará la prestación del servicio de ningún otro que se otorgue mediante plataformas tecnológicas que no sean las que desarrolle el Gobierno del Estado”.
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